Por: José Cruz Delgado
Propone legislador el 25 de octubre como Día Estatal de las Personas de Talla Pequeña en Michoacán
En tiempos electorales hemos escuchado infinidad de promesas de parte de aspirantes que buscan ocupar un ocupar un cargo de elección popular, que en la gran mayoría no se cumplen pero no hay, hasta el momento ninguna ley que los obligue a cumplir lo prometido.
Por ello es muy interesante la iniciativa de ley presentada en el Congreso local por el diputado Roberto Carlos López García, que consiste en incorporar la revocación de mandato a los representantes de elección popular en Michoacán, que abarcaría también al gobernador, diputados al Congreso estatal, presidentes municipales, síndicos y regidores.
El legislador López Garcìa presentó la iniciativa de decreto para reformar y adicionar diversas disposiciones de la Constitución Política de Michoacán, a la Ley de Mecanismos de Participación Ciudadana y la Ley de Justicia en Materia Electoral y de Participación Ciudadana.
La verdad es una buena iniciativa porque la ciudadanía tendrá la oportunidad de exigir a sus representantes populares que cumplan las promesas de campaña, pero sería necesario que los aspirantes a cargos de elección popular se comprometieran por escrito y ante notario público lo que prometen, porque después no salgan con que a “Chuchita la bolsearon”.
Esta medida dará fortaleza a la democracia al permitir a los ciudadanos decidir sobre la permanencia o no de sus representantes populares buscando garantizar el derecho a destituir a un representante popular y también se debe garantizar a este el derecho correlativo de audiencia y debido proceso. Por eso se prevé fijar en el procedimiento una etapa que permita la defensa, para que la autoridad electoral local pueda declarar la procedencia o improcedencia de la solicitud de revocación de mandato”, comentó.
El priista señala que se contempla dentro de la propuesta presentada ante el Pleno considerar como causas para la revocación del mandato, las violaciones graves a la Constitución Política del país y del estado, a las leyes que de ambas emanen; incumplimiento de las promesas de campaña, programas, proyectos, o acciones de gobierno propuestos en su plataforma electoral, sin causa justificada.
Pero fue más allá pues también establece que se revoque el mandato, en el manejo y ejercicio indebido de fondos, recursos y deuda pública del Estado o los municipios; realizar acciones u omisiones que provoquen desajustes presupuestales que afecten severamente el erario; incumplir con la ejecución de programas, proyectos o acciones de gobierno en sus respectivos Planes de Desarrollo, sin causa justificada; incurrir en faltas administrativas graves; y tener vínculos con miembros de la delincuencia organizada, con narcotraficantes o con individuos inmiscuidos en negocios ilícitos de cualquier índole.
Además propuso que con la incorporación de la revocación de mandato, el Instituto Electoral del Estado de Michoacán será la autoridad encargada de implementar el proceso de participación ciudadana para la posible revocación de mandato, cuando así lo solicite la ciudadanía en relación con un representante de elección popular elegido en un proceso electoral local.
La aprobación de esta iniciativa, además de significar el reconocimiento de un derecho a los ciudadanos, estimula la existencia de representantes de elección popular comprometidos con sus electores, y en caso de que previo proceso le sea revocado el mandato a alguno, que el mismo no pueda ocupar nuevamente un cargo en ninguna institución pública.
Definitivamente los legisladores deben aprobar esta iniciativa de ley, porque le estarían dando facultades a los ciudadanos de ejercer un derecho que hasta hoy no han tenido en este rubro y sería de justicia que tuvieran una participación más directa y así, seguramente los que aspiren a un cargo de elección popular la van a pensar dos veces antes de prometer lo que no van a cumplir.
En sí es la hora de los ciudadanos.
El fenómeno de la discriminación es una de las formas más lacerantes de la dignidad humana que se exterioriza a través de conductas de exclusión por la no aceptación de la diversidad y que genera falta de cohesión social. Pero va más allá de los actos o críticas contra la persona, la discriminación también implica cualquier obstáculo, restricción o impedimento a cualquier persona de gozar y ejercer plenamente sus derechos humanos y libertades.
El fenómeno de la discriminación urge a consecuencia de estereotipos o tradiciones de la mayoría sobre grupos minoritarios, generando con ello que, por la simple pertenencia a éstos, se encuentren en un grado mayor de vulnerabilidad.
Y precisamente uno de estos grupos que por su condición física diferente a la de la mayoría de la sociedad no sólo en México sino a nivel mundial, son las personas de talla pequeña, ya que luchan no solo contra los problemas biológicos o médicos inherentes a su condición de talla pequeña, sino que además enfrentan a un mundo que fue diseñado para personas de talla promedio y a diversas formas de rechazo, que les impide desarrollarse de manera plena, principalmente en las áreas laboral, educativo y social, ya que afrontan un auténtica humillación y degradación de su imagen, tratándolos como fenómenos y exhibiéndolos y ridiculizándolos en espectáculos públicos.
Es por ello que el diputado Raymundo Arreola Ortega propuso a la Legislatura de Michoacán se decrete el 25 de octubre como Día Estatal de las Personas de Talla Pequeña en Michoacán ya que en esa fecha tanto a nivel nacional e internacional se conmemora la efeméride de referencia, con el objetivo de visualizar a este sector de la población y sensibilizar respecto a la problemática que viven las personas afectadas por la acondroplasia.
