Por: José Cruz Delgado
Cada vez son más los casos de enriquecimiento ilícito por parte de funcionarios de primer nivel.
Toc, toc, toc, que alguien despierte a Germán Tena Fernández.
En la actualidad de 16 exgobernadores están presos, bajo proceso judicial, bajo investigación o prófugos, 3 señalados de enriquecimiento ilícito y que han sido protagonista de escándalos de corrupción sin precedentes, actúan con un cinismo utilizando nuevos mecanismos, unos muy ingeniosos, otros muy burdos, utilizando incluso personas de muy bajo perfil como prestanombres para la compra de inmuebles, empresas fantasma, el outsourcing, venta ilegal de terrenos que eran patrimonio del estado en ínfimos precios para familiares y amigos, se ponen bienes y derechos en favor de familiares de más grado ya sea por parentesco o por afinidad, a nombre de amistades o incluso de personas que por razón de subordinación se ven obligadas a 4 aceptar esta conducta totalmente fuera de la ley.
En una entrevista con el diputado Raymundo Arreola Ortega, hizo entrega a su servidor de una copia de la iniciativa de ley que busca evitar que los servidores públicos se enriquezcan de manera ilegal, incluso, utilizando a terceros, una ley que, como apunté en una entrega anterior evitará que se sirvan con la “cuchara grande” los dineros de los michoacanos y que sentaría un precedente para el resto de los estados.
Señala que desgraciadamente, vemos que cada vez son más los casos de enriquecimiento ilícito por parte de funcionarios de primer nivel y cada vez más las fortunas que ignorando leyes o que a través de los resquicios o vacíos de estas, eluden su estricto cumplimiento, haciendo negocios y amasando riqueza a costa del estado. Estos malos gobernantes y funcionarios de todos los niveles aumentan su peculio de manera exorbitante y en muchos casos a efecto de que no sea tan evidente su enriquecimiento ponen derechos y bienes a nombre de terceros, más allá de su núcleo familiar, se valen de personas de su círculo más cercano para disfrazar estos actos de corrupción
Una de las mayores afectaciones al erario público, dice el legislador priista, se da por actos de corrupción de parte de servidores públicos que, dominados por una avaricia y voracidad extraordinarios, hacen uso del poder que el Estado les ha conferido para el ejercicio del servicio público y aumentan su riqueza de manera ilícita con cargo a los fondos del estado, recursos que deberían ser utilizados para beneficio de los gobernados.
Como vemos, estos pésimos gobernantes no actuaron solos, se valieron de toda una estructura institucional y de familiares y amigos cercanos para realizar estos desfalcos millonarios dejando a muchos de sus gobiernos en banca rota, endeudados y eso no se debe volver a repetir, ni mucho menos permitir.
Además de estos funcionarios, su más íntimo circulo también ha aumentado su riqueza de modo extraordinario, sin embargo en la actualidad solo se considera enriquecimiento ilícito cuando el servidor público no pudiere acreditar el legítimo aumento de su patrimonio o la legítima procedencia de los bienes a su nombre o de aquellos respecto de los cuales se conduzca como dueño computándosele a demás los que reciban o de los que dispongan su cónyuge y sus dependientes económicos directos.
Dichos funcionarios con maquinación, han puesto propiedades y derechos a nombre de personas no comprendidas en el texto del código penal a efecto de evadir a la justicia al amparo de la estricta aplicación de la ley penal o realizan la adquisición de bienes posterior a salir del servicio público. 6 de allí la necesidad de que se amplié más el ámbito de aplicación de este tipo penal y no se constriña única y exclusivamente a los familiares cercanos al servidor público sino que se incluyan también familiares hasta el cuarto grado, por afinidad, amistades y subordinados dada la cercanía con el funcionario y que el agente activo tenga que ser servidor público cuando aumente desproporcionadamente sus propiedades, ni solamente durante el ejercicio de su encargo sino cinco años posteriores al ejercicio del encargo público.
Una pieza clave para que el funcionario o exfuncionario pueda de alguna manera evadir la acción de la justicia, es a través de estos prestanombres que al no ser servidores públicos no caen en el supuesto de la ley al no contar con tal carácter, aun y cuando legalmente están incrementando su patrimonio a costa del erario público y a sabiendas de que el propietario de facto es en realidad el funcionario o exfuncionario público y que únicamente sirven de prestanombres para la elución de la responsabilidad penal.
Por ello, abunda Arreola Ortega, se debe incluir en esta conducta a todas estas personas a efecto de sancionarlas y en determinado momento se decomisen los bienes o derechos previo acreditamiento de que se adquirieron en perjuicio al erario público y reintegrar a las finanzas púbicas todo el dinero que malversaron, en lugar de que se quede como patrimonio de sus familias o amigos o como parte de sus inversiones.
Debemos pues, de poner el mayor número de candados posibles a efecto de impedir de manera tajante que todos los funcionarios, desde el más alto nivel como gobernadores, puedan hacer uso del poder como si fuera de su propiedad y evitar a toda costa nuevos casos de enriquecimiento ilícito propio o en favor de un tercero.
Finalmente les comento que alguien me dijo que por favor alguien despierte de su letargo a Germán Tena Fernández, que según se dice es el Coordinador del Programa de Cuencas y Aguas del estado, porque al parecer anda adormilado y es un personaje gris y no se sabe qué se hace en esa dependencia.
