CIUDAD DE MÉXICO.- Con 84 votos a favor, el Pleno del Senado aprobó un proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 380 del Código de Comercio, para introducir una tasa de interés por incumplimiento, equivalente al aumento inflacionario, en cualquier contrato mercantil.
La propuesta establece una tasa moratoria equivalente al aumento inflacionario conforme al Índice Nacional de Precios al Consumidor, si no se pactó una tasa moratoria más alta, al comprador que incumpla los términos y plazos convenidos en el precio de las mercancías.
En el documento remitido a la Cámara de Diputados, los senadores indicaron que los grandes corporativos, el sector público y algunas pequeñas y medianas empresas financian su operación a costa de sus proveedores, al implementar políticas de pago a 60, 90, 120 días o incluso mayores por medio de contratos de adhesión.
Sin embargo, señalaron, el tiempo para pagar comienza a partir de la recepción de facturas, y es en los procesos previos donde se atrasan más los pagos. Cuando esto sucede, las micro, pequeñas y medias empresas no tienen más opción que recurrir a los préstamos, que en muchas ocasiones terminan siendo muy difíciles de cubrir, incluso cuando el proveedor ya recibió el pago.
Esta situación, advirtieron, termina por fracturar las finanzas de las y los pequeños empresarios. “Los pagos a plazos elevados de las grandes corporaciones cuestan la vida de más de la mitad de las MIPYMES constituidas y, en consecuencia, cuestan por lo menos cientos de miles de empleos al Estado Mexicano”.
El senador Gilberto Herrera Ruiz, del Grupo Parlamentario de Morena, presentó una reserva al dictamen, aprobada por el Pleno, para establecer que el comprador deberá pagar el precio acordado en un plazo que no exceda los 45 días naturales, a partir de la entrega de mercancías.
Al respecto, el presidente de la Comisión de Economía, senador Roberto Juan Moya Clemente, detalló que esta reforma busca impulsar el crecimiento de las micro, pequeñas y medianas empresas, al otorgarles sostenibilidad financiera, lo que mejorará el flujo de efectivo e impactará positivamente en la generación de empleos.
El senador Rafael Espino De la Peña, presidente de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda, dijo que este proyecto promoverá la certeza en las transacciones, se evitan inconvenientes financieros y se fortalece la confianza entre todas las partes, por lo que será “pilar fundamental para mantener la sostenibilidad de las relaciones comerciales”.
A su vez, la senadora Nancy de la Sierra Arámburo, de la bancada del PRI, aseveró que este proyecto regulará prácticas abusivas contra las pequeñas empresas, ya que al “asegurar su competitividad y desarrollo, es mantener vivo el pulso de nuestro sistema económico”.
En otro tema, el Pleno del Senado aprobó, con 80 votos, una propuesta para establecer la obligación para cada uno de los comisionados de la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE) de publicar, con el fin de promover la transparencia y el gobierno abierto, los argumentos que respaldan el sentido de su voto en la toma de decisiones.
La propuesta indica que estos argumentos deben expresarse en un lenguaje claro y comprensible para la ciudadanía, con requisitos esenciales que permitan a las personas interesadas conocer el razonamiento y sentido detrás de las decisiones tomadas por los miembros del órgano de gobierno de la COFECE.
De esta manera, señala el documento, se busca fortalecer la relación entre la sociedad y los órganos públicos, ampliando el conocimiento del vínculo sobre el desempeño del máximo regulador en esta materia.
Para ello, se incluye en la Ley Federal de Competencia Económica el término “lenguaje ciudadano”, el cual se define como el uso de estructuras gramaticales que faciliten la comprensión y el conocimiento.
“Este enfoque prioriza la eliminación de barreras lingüísticas y la sustitución de tecnicismos o construcciones gramaticales complejas, con la finalidad de que los receptores del mensaje comprendan la esencia de la información, promoviendo la transparencia y la rendición de cuentas”, detalla el dictamen.
Además, establece que, al publicarse la versión pública de las resoluciones del Pleno, deberá incluirse una carátula redactada en lenguaje ciudadano que contenga la descripción del asunto y el sentido del voto de cada uno de los comisionados, especificando en su caso, los razonamientos emitidos en votos concurrentes o particulares.
El senador Moya Clemente señaló que los razonamientos que orientan las decisiones de los responsables de COFECE poseen tecnicismos que obstaculizan la difusión de sus sentencias, por lo que es fundamental dar claridad a la ciudadanía; “es un asunto de justicia informativa”, apuntó.
A su vez, el senador Espino de la Peña indicó que esta propuesta prevé la eliminación de barreras lingüísticas y la sustitución de tecnicismos complejos, con la finalidad de que los receptores del mensaje comprendan la esencia de la información, promueven la transparencia y la rendición de cuentas.
El proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo sexto del artículo 18 y se adiciona la fracción XII al artículo 3 de la Ley Federal de Competencia Económica, fue remitido a la Cámara de Diputados.
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