CIUDAD DE MÉXICO, 20 de abril (AlmomentoMX).- El Senado de la República solicitó a la Secretaría de Gobernación (Segob) un informe respecto al cumplimiento de las sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) contra México, en materia de violencia contra las mujeres y tortura sexual.
El dictamen refiere que el organismo internacional ha formulado ocho fallos contra el Estado mexicano, de los cuales destacan tres casos, relativos a tortura sexual: González (“Campo Algodonero”), del 16 de noviembre de 2009; Fernández Ortega, 30 de agosto de 2010; y Rosendo Cantú, 31 de agosto de 2010.
En el caso del “Campo Algodonero”, referente a la desaparición y asesinato de las jóvenes Laura Berenice Ramos, Claudia Ivette González, y Esmeralda Herrera Monreal, en Ciudad Juárez, en 2001, la CIDH declaró que el Estado violentó los derechos a la vida, integridad, libertad personal y de no discriminación, con relación a la obligación general de garantía; incumplió en su deber de investigar, transgredió los derechos de acceso a la justicia y protección judicial; y se transgredieron derechos de la infancia.
Respecto al caso Fernández Ortega, derivado de la violación sexual de Inés Fernández Ortega, mujer indígena perteneciente a la comunidad Me’phaa, de Tecoani, Guerrero, por parte de agentes militares, la Corte decidió que el Estado es responsable por la violación de los derechos a la integridad personal, dignidad y vida privada, derechos a las garantías y protección judiciales, entre otros.
En cuanto al caso Rosendo Cantú, se responsabilizó al Estado mexicano por la violación sexual y tortura de la joven Rosendo Cantú, mujer indígena perteneciente a la comunidad Me’phaa, Guerrero, que contaba con 17 años de edad, pues el organismo internacional encontró negligencia en la investigación y sanción de los responsables de esos hechos, y el incumplimiento de garantizar, sin discriminación, el derecho de acceso a la justicia; se violaron además los derechos de la infancia.
El Senado solicitó también, en otro dictamen, que la Segob informe sobre los resultados del Programa Nacional sobre Empresas y Derechos Humanos, implementado a partir del año 2015, cuyo objetivo es proteger a la población de la contaminación de insumos básicos como el agua; el despojo de propiedades y recursos naturales; incumplimiento de indemnizaciones; y abusos laborales, entre otros.
El dictamen subraya que el Estado tiene la obligación de establecer una normatividad idónea para garantizar el respeto a los derechos humanos en el contexto de las actividades de una empresa, ya sea privada o estatal.
Destaca de la violación de garantías por empresas, las siguientes: Contaminación de las fuentes de agua de las comunidades vecinas por parte de una fábrica o una mina; desalojo de una comunidad sin las debidas garantías, consultas e indemnizaciones; acaparamient o de tierras; daños ecológicos; situación precaria de las y los trabajadores contratados temporalmente; falta de acceso a la seguridad social, salarios en un nivel por debajo de la canasta básica de alimentos, entre otros.
Refiere que el 2 de septiembre de 2015, las secretarías de Gobernación, Relaciones Exteriores, y de Economía, instalaron el Grupo de Trabajo sobre Empresas y Derechos Humanos para implementar la Estrategia 4.4 del Programa Nacional de Derechos Humanos, con el objetivo de promover el enfoque de derechos humanos y género en el sector privado a través de la realización de un Programa Nacional sobre Empresas y Derechos Humanos.
Los trabajos iniciaron en 2017, con el respaldo de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID); la Cooperación de la Unión Europea y el Instituto Danés de Derechos Humanos, realizándose diversos borradores.
El Grupo Focal sobre Empresas y Derechos Humanos en México señaló inconsistencias en el proyecto de programa, pues carece de elementos firmes para garantizar que las empresas respetarán derechos y garantías de la población.
El Pleno del Senado aprobó en total 16 dictámenes con punto de acuerdo en materia de promoción y protección de garantías y derechos humanos.
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