CIUDAD DE MÉXICO.- La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno y el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) informaron la imposición de sanciones contra 34 servidores públicos por la comisión de faltas administrativas graves y no graves en distintas dependencias federales. Las medidas incluyen inhabilitaciones de hasta 20 años, destituciones, suspensiones y multas económicas que, en conjunto, superan 1.8 millones de pesos.
De acuerdo con ambas instituciones, las resoluciones derivan de investigaciones realizadas por órganos internos de control y unidades de responsabilidades en diversas dependencias del Gobierno federal. Las autoridades señalaron que las sanciones fueron impuestas conforme a la legislación vigente y con base en las pruebas recabadas durante las investigaciones.
Entre los casos considerados como faltas graves destaca la sanción impuesta a José L., adscrito a la Escuela Secundaria “Emiliano Zapata” de la Ciudad de México, quien recibió una inhabilitación por 20 años tras acreditarse su responsabilidad por acoso sexual contra dos estudiantes durante 2020.
La resolución representa la sanción administrativa más severa anunciada dentro del paquete de medidas difundido por el TFJA y la Secretaría Anticorrupción, al tratarse de un caso que involucró conductas consideradas de especial gravedad dentro del servicio público.
La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) concentró varias de las sanciones más relevantes. Cuatro exfuncionarios fueron castigados por autorizar el pago de 119 apoyos del Programa Producción para el Bienestar sin que existieran los expedientes correspondientes de los beneficiarios entre 2019 y 2020.
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Como resultado, una exservidora pública recibió una inhabilitación de 15 años y una multa de 140 mil pesos, mientras que otra fue inhabilitada durante 10 años y sancionada con 58 mil pesos. Además, dos funcionarios recibieron inhabilitaciones de un año y sanciones económicas menores.
Otro de los expedientes destacados corresponde a la Secretaría de Economía, donde una funcionaria de la Dirección General de Recursos Humanos fue sancionada por autorizar diez licencias con goce de sueldo sin contar con facultades para ello durante 2022.
La resolución incluyó una inhabilitación por 15 años para ejercer cargos públicos, además de la prohibición para participar en contrataciones gubernamentales y una indemnización superior a 1.5 millones de pesos, una de las más elevadas dentro del conjunto de sanciones anunciadas.
En la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), una servidora pública fue destituida e inhabilitada por diez años tras asignarse viáticos para ella y otros funcionarios que no fueron utilizados para actividades oficiales, además de recibir una sanción económica.
Por otra parte, dos trabajadores de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) fueron inhabilitados durante un año por intentar obtener un beneficio económico durante una revisión de mercancías en Ciudad Juárez, mientras que tres empleados de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) recibieron inhabilitaciones de tres meses por irregularidades en la verificación de un medidor eléctrico.
La Secretaría Anticorrupción también informó que, mediante sus órganos internos de control, sancionó a servidores públicos de 14 instituciones por conductas consideradas faltas administrativas no graves. Entre ellas figuran Pemex, CFE, Conalep, Guardia Nacional, IMSS, Conafor, Sader, Finabien, ASA, Banco del Bienestar, Banobras, ISSSTE, Secretaría de Economía y Sepomex.
Las medidas aplicadas incluyen suspensiones temporales, destituciones, amonestaciones públicas e inhabilitaciones derivadas de diversas irregularidades administrativas detectadas entre 2021 y 2025.
Dentro de las sanciones por faltas no graves sobresale el caso de Jesús M., trabajador del plantel Venustiano Carranza II del Conalep, quien fue destituido e inhabilitado por tres meses tras acreditarse un caso de acoso sexual contra una estudiante ocurrido en 2024.
Asimismo, un médico adscrito a la Unidad de Medicina Familiar 40 del IMSS recibió una inhabilitación de un año por realizar procedimientos ginecológicos sin la presencia de un asistente médico o familiar y efectuar tocamientos de carácter sexual a dos derechohabientes durante 2022 y 2023.
Entre las resoluciones difundidas destacan las destituciones de dos integrantes de la Guardia Nacional por presentar licencias médicas sin validez para justificar inasistencias, así como diversas suspensiones relacionadas con contratos de obra pública, manejo de recursos, procedimientos administrativos y conductas inapropiadas dentro del servicio público.
Las investigaciones también derivaron en sanciones para trabajadores de instituciones financieras del Estado, organismos de infraestructura, dependencias agrícolas y empresas productivas del Estado por incumplimientos en procedimientos administrativos y otras faltas previstas en la legislación.
El TFJA y la Secretaría Anticorrupción precisaron que todas las personas sancionadas cuentan con el derecho de impugnar las resoluciones conforme a los mecanismos legales establecidos. En caso de que ello ocurra, aseguraron que defenderán las determinaciones emitidas con base en las pruebas obtenidas durante las investigaciones.
Las dependencias también invitaron a la ciudadanía a denunciar cualquier conducta contraria a los principios de legalidad, integridad y honestidad mediante los canales oficiales, al tiempo que reiteraron su compromiso de fortalecer el combate a la corrupción y promover la transparencia en el servicio público como parte de los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030
AM.MX/fm
