CIUDAD DE MÉXICO.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) “bateó” la petición de la Presidencia de la República sobre aplazar la discusión de las impugnaciones relacionadas con el llamado Plan B electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador.
En un comunicado se detalló que la ministra presidenta de la SCJN, Norma Lucía Piña consultó a los ministros sobre la solicitud de la Consejería Jurídica.
Al respecto, las 11 ministras y ministros “determinaron por unanimidad que no es factible atender dicha petición, ya que la impugnación presentada en 2023 se listó con fecha fija para el próximo lunes 8 de mayo, en términos de la legislación aplicable, toda vez que se ha tramitado con el carácter de electoral”.
Esta semana, a través de la Consejería Jurídica de Presidencia, se pidió aplazar la discusión y primero resolver impugnaciones pendientes relacionadas con las acciones de inconstitucionalidad relacionadas a la Ley General de Comunicación Social (LGCS) que se publicó en 2018, a finales del sexenio del expresidente Enrique Peña Nieto.
Y es que tales impugnaciones, se relacionan con la misma norma que abarca la primera parte del llamado plan B ligado a las reformas a la Ley General de Comunicación Social y a la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
Pese a la petición, se confirmó que este lunes el Pleno de la Suprema Corte abordará las impugnaciones relacionadas a la primera parte del Plan B.
Se detalla que el Pleno consideró que el análisis que comenzará el próximo lunes “no provocará el dictado de sentencias contradictorias ni afectará los principios de seguridad y certeza jurídica, ya que en este asunto se impugnaron procedimientos legislativos que son distintos a los controvertidos en 2018, a pesar de que se trate de la misma norma (Ley General de Comunicación Social)”.
Asimismo, el proyecto relativo a la acción de inconstitucionalidad 52/2018 y sus acumuladas -a la cual no se le dio el trámite de materia electoral-, no ha sido entregado a la Secretaría General de Acuerdos de la SCJN.
Hay que recordar que esta semana también se dio a conocer el proyecto del ministro Alberto Pérez Dayán que propone invalidar la primera parte del plan B por violaciones al procedimiento legislativo.
Según su proyecto de sentencia, las reformas a la Ley General de Comunicación Social y a la Ley General de Responsabilidades Administrativas se aprobaron, por la mayoría de Morena y sus aliados en ambas Cámaras, sin respetar las reglas del proceso legislativo y bajo un “cúmulo de irregularidades y violaciones” a los reglamentos internos.
La filtración del proyecto generó un reclamo de Presidencia, que consideró que al revelarse su contenido se atenta con el principio de imparcialidad.
Para que la propuesta del ministro Pérez Dayán se apruebe requiere el voto de al menos ocho ministros del Pleno de la SCJN.
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