CIUDAD DE MÉXICO.— Alberto Pérez Dayán, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), admitió a trámite la controversia constitucional que el Instituto Nacional Electoral (INE) presentó contra la primera parte del ”Plan B” de la reforma electoral impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador.
⇒ La primera etapa de llamado ”Plan B” incluye reformas a diversas disposiciones de la Ley General de Comunicación Social y de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, las cuales se encuentran suspendidas en Coahuila y Estado de México, por determinación del ministro Pérez Dayán.
El INE argumentó que las reformas a ambas leyes producen una violación directa a las funciones que le confiere la Constitución, ya que “obstaculizan” la función que realiza como garante, entre otros principios, de la equidad en la contienda electoral, en donde la comunicación social y la propaganda gubernamental tienen una importante incidencia.
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⇒ El ministro Pérez Dayán dio un plazo de 30 días hábiles, contados a partir de la notificación, para que las Cámaras de Diputados y de Senadores, así como el titular del Poder Ejecutivo Federal y la Secretaría de Gobernación presenten su contestación.
De acuerdo con los listados, la Suprema Corte también admitió a trámite la controversia constitucional en contra de las reformas a la Ley General de Comunicación Social -la cual establece un gasto de 0.1 por ciento del presupuesto en campañas de difusión- que presentó el municipio de Chihuahua, capital del estado con el mismo nombre.
En este caso, uno de las 125 controversias presentadas por gobiernos municipales y estatales del PRI y el PAN, se resolvió no otorgar la suspensión que el Ayuntamiento de Chihuahua solicitó para invalidar las reformas hasta que se resuelva de manera definitiva.
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AM.MX/dsc
