Jorge Meléndez Preciado
El saqueo en el país es cotidiano. Pero cuando estallan las tragedias pareciera que la autoridad descubre algo que se ha informado por años y ante lo cual los funcionarios pusieron oídos sordos.
Un caso reciente fue el de los huachicoleros en Palmarito (donde por cierto, el periódico Cambio presentó un video de un ajusticiamiento de un civil a manos del ejército). El asunto es que debido a que se requerían hacer trabajos especiales para la planta Audi que se edifica en Puebla, los camiones que removían la tierra eran surtidos por los que extraían ilícitamente gasolina en los ductos y lo vendían en la localidad (Aguilar Camín, Milenio, 8 de mayo).
El asunto tiene varias aristas, todas peligrosas para Rafael Moreno Valle, suspirante a la candidatura del PAN rumbo al 2018, ya que muestra la ineptitud, el negocio ilícito para obtener ganancias, las concesiones sin freno a las nuevas empresas, lo fácil que es defraudar a las industrias estatales y el desdén del gobierno federal por asuntos que están a la vista de todos.
Lo que se ha robado es de 15 mil a 20 mil millones de pesos cada año, según la secretaría de Hacienda (Sin Embargo, 9 de mayo). ¿Por qué no se hizo nada desde hace más de un lustro? ¿Esperaban que la muerte tuviera permiso?
Hasta que no hubo un enfrentamiento entre ejército y pobladores, con más de diez muertos- cuatro militares-, es que Peña Nieto dijo afirmó que frenaría dicho saqueo ilegal. Pasaron más de 50 meses para que el ejecutivo se pronunciara, algo que muestra la negligencia oficial al respecto.
(Eso mismo ha ocurrido con las agresiones a los medios y el asesinato de periodistas. No fue hasta que hubo una reunión entre el Comité de Protección a Periodistas -CPJ, siglas en inglés-, que en Los Pinos, Enrique Peña Nieto prometió (ja, ja) que castigaría a los homicidas de comunicadores).
Pero no es sólo en el tema de los saqueadores de combustible que la negación está presente en el cerebro de la autoridad. La caricatura de Jabaz (Milenio, 9 de mayo), donde Carlos Romero Deschamps, el impuesto líder del sindicato petrolero, interroga a José Antonio Fernández Anaya, director de Pemex, acerca de si la acción de la justicia es contra los hampones mencionados y no contra los charros, ilustra que hay más expoliadores de la empresa en remate.
Hace poco en un editorial de El Universal (4 de mayo), supimos que en la paraestatal hay en nómina 14 jubilados que reciben de 238 mil a 362 mil pesos mensuales. ¡Algo realmente fuera de serie! Lo que es parte de una política que beneficia a unos cuantos en contra de la inmensa mayoría.
Otro consentido de los poderosos, Víctor Flores, que antes manejaba el sindicato de ferrocarrileros, el cual es una quimera desde que Ernesto Zedillo dio a los estadounidenses el manejo de estos “animales prehistóricos”, como los denomina Joaquín Sabina, acaba de recibir de Ferronales (en liquidación hace años) 18 millones de pesos para él y sus socios. Antes, desapareció 13 mil 500 millones de pesos que eran las cuotas de los sindicalizados (La Jornada, 8 de mayo). Magia pura o arbitrariedad galopante.
Por cierto, Romero Deschamps y Víctor Flores son militantes del PRI. A ellos, infinidad de medios no les reclaman sus transas.
Podríamos señalar como robo a los aficionados y los televidentes el que escenificaron Julio César Chávez hijo y Saúl Canelo Álvarez. No hubo pelea, triunfó el pago por evento y Televisa y Tv Azteca hicieron el ridículo al transmitir un combate que estaba decidido, en donde se insertaron anuncios sin fin. ¿Y el IFT?
Pero el mayor robo que vemos en la actualidad es el puesto en marcha en el estado de México, el cual es tan claro que únicamente las autoridades electorales locales y federales no se enteran. El dispendio de recursos por parte del gobierno federal y local es amplísimo y evidente para favorecer al tricolor.
Además, Alfredo del Mazo ha sido acusado de haber recibido becas de Conacyt cuando era estudiante, sin necesitarlas, añadiéndole a ello que no se presentaba a clases (denuncia de Salvador Guerrero Chiprés), de haber favorecido en Banobras a los personeros de Javier Duarte y los consorcios Higa y OHL y de que tiene su cuarto de guerra no en Toluca sino en Los Pinos (ver, entre otros, Proceso, número 2114).
Infrabier denunció hace poco que mil 600 millones de pesos se esfumaron de los contratos de autopistas, por lo que llama a realizar una auditoría para ver si no pararon en la campaña de Alfredo.
Pareciera en este último caso que regresamos a los años sesenta del siglo pasado en nuestro país: el PRI debe triunfar a como dé lugar. ¡Saqueadores de México, uníos!, será el lema sexenal
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