TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO.- La revocación de mandato de la gubernatura en el Estado de México, la regulación de la designación de integrantes del gobierno de coalición con una agenda legislativa y la reafirmación del Estado laico y la libertad de culto, fueron las propuestas con más consensos en la Comisión de Democracia y Régimen Político del Parlamento Abierto para la reforma constitucional y legal del Estado de México.
En sesión encabezada por David Melgoza Mora y Alma América Rivera Tavizón, presidente y vicepresidenta de la comisión, respectivamente, las y los parlamentarios respaldaron, con 17 consensos, 7 disensos y 3 abstenciones, la iniciativa de Juan Carlos González Díaz, en representación del Foro de Abogados Progresistas del Estado de México, para la revocación de mandato del gobernador o gobernadora, a fin de brindar a ciudadanía la posibilidad de acotar malos gobiernos.
Propone que la revocación de mandato pueda solicitarse en una sola ocasión a partir del tercer año del periodo constitucional y como límite hasta antes del cuarto año, para lo cual, el Instituto Electoral del Estado de México convocará a una consulta ciudadana, la cual debe tener una participación de al menos 40% de las personas inscritas en la lista nominal de electores. Además, para que sea válida la solicitud ante el Instituto, deberá contar con una petición respaldada por al menos 10% de las personas inscritas en la lista nominal.
El Parlamento Abierto apoyó también la propuesta de Laura Elizabeth Benhumea González, en materia de gobiernos de coalición, para que la designación de sus integrantes sea en virtud del beneficio social y no de particulares; así como la iniciativa de Víctor Hugo Escobar Mendoza que reafirma el Estado laico y garantiza la libertad de culto con una armonización legal y un reconocimiento de las facultades regulatorias.
Algunas propuestas que recibieron más disensos fueron las de incrementar el número de diputadas o diputados de representación proporcional, la desaparición de partidos políticos en la entidad y establecer un perfil de idoneidad para cargos públicos, entre otras.
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