CIUDAD DE MÉXICO.- La Asociación Nacional de Abogados de Empresas, Colegio de Abogados, A.C. (ANADE), repúdia la injustificada generalización y satanización de los abogados y asesores fiscales. “Nuestros agremiados ajercen ética y dignamente una importante labor en beneficio de los contribuyentes y de nuestro país, orientando a sus clientes y empleadores en el debido cumplimiento de sus obligaciones fiscales y la defensa de sus derechos”.
Por lo anterior la ANADE hace un llamado a las autoridades fiscales mexicanas, tanto del SAT, como de la Procuraduría Fiscal de la Federación, para que utilicen responsablemente la facultad de querellarse e instaurar procedimientos penales y, desde luego, a que garanticen a todos los contribuyentes el ejercicio de sus derechos de defensa. Lo que implica, la oportunidad de presentar las medidas de defensa que correspondan ante los tribunales especializados en la materia fiscal, como el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, así como el correcto desahogo de las pruebas que se exhiban dentro de los procedimientos seguidos ante la misma autoridad fiscal.
Señalaron que de no hacerlo así, se estará afectando irremediablemente la seguridad jurídica de los gobernados, propiciando múltiples violaciones a los derechos humanos y procesales de los contribuyentes, situación que no es deseable en un estado de derecho.
Indicaron que recientemente funcionarios del Servicio de Administración Tributaria (SAT), han realizado declaraciones públicas en las que destacan que han logrado “convencer” a contribuyentes de cumplir con sus obligaciones fiscales, sin hacer valer recursos o defensas, mediante el pago de cantidades consideradas como omitidas por éstos, y con la finalidad de evitar la instauración de procedimientos penales en contra de los contribuyentes como persona jurídica, los miembros del consejo de administración o sus accionistas. Asimismo, han reconocido públicamente que citan a reuniones a los contribuyentes sin permitirles acudir acompañados de sus abogados o asesores fiscales.
Asimismo, señalaron, funcionarios de la Procuraduría Fiscal de la federación han sostenido públicamente que han formulado querellas penales en contra de: (i) los contribuyentes, inclusive tratándose de personas jurídicas, (ii) funcionarios de la empresa titulares de la FIEL, (iii) miembros del Consejo de Administración o el Administrador Único, y (iv) asesores fiscales, situación que ha coadyuvado a que los contribuyentes desistan de hacer valer su derecho humano a un recurso judicial y paguen las cantidades que el fisco determinó como adeudo.
“Consideramos preocupante que las autoridades fiscales propicien a través de procedimientos penales, o bajo la amenaza de instaurarlos, que los contribuyentes desistan de interponer los medios de defensa en materia fiscal a que tienen derecho, siendo que las autoridades los incitan a corregir su situación fiscal sin permitirles ejercer su derecho humano a acceder a una justicia pronta, completa e imparcial, que permita el ofrecimiento de las pruebas o el ejercicio de las defensas que consideren necesarias para poder desvirtuar las diferencias determinadas por funcionarios del SAT”.
Refirieron que tal situación ha sido incluso reiterada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, al analizar la conducta de los funcionarios mexicanos del fisco federal en 1990, en el caso de un contribuyente que se le obligó a aceptar y pagar un crédito fiscal mientras se encontraba detenido en el reclusorio norte.
“También consideramos alarmante que las autoridades fiscales coarten de cualquier manera el derecho de los contribuyentes a presentarse acompañados por sus abogados o asesores”.
Manifestaron que obligar a los contribuyentes a pagar como definitivas las cantidades determinadas con la participación de funcionarios del SAT, forzándolos a renunciar a su derecho a una defensa adecuada, desconoce el hecho de que en más del 40% de los asuntos sometidos al Tribunal Federal de Justicia Administrativa se emite una sentencia favorable a los contribuyentes.
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