Rajak B. Kadjieff / Moscú, Rusia
*Concentración de poderes y respaldo en las urnas
*Enfrentamientos y disputas por el poder.
*Se suscitaron en breve tiempo, en 1993.
*Ocurrió antes de cumplirse dos años del gobierno.
*¿Guerra civil inminente a fines del siglo XX?
La lealtad a Borís Yeltsin de todos los resortes de fuerza del país y la pasividad del grueso de la población, que asistió atemorizada a la furiosa batalla en el corazón de Moscú, sentenciaron a los opositores.
Éstos tomaron por asalto una Casa Blanca -el enorme edificio que alberga el Parlamento- destrozada por el fuego de los tanques y, tras doce horas de combate, hicieron prisioneros a sus líderes, en acción similar a la acontecida en agosto de 1991 en contra de Mijaíl Gorbachov.
Al mismo tiempo, se anunció la ilegalización del extremista Partido Comunista Obrero o Rusia Trabajadora de Víktor Ampilov y el FSN de Ilia Konstantinov.
La embestida violenta contra el Parlamento dejó decenas de muertos —el primer balance oficial se cifró en 118 los fallecidos, si bien en los días siguientes se sumaron otros treinta— y sembró un resentimiento que luego iba a aflorar por otros cauces; pero Yeltsin había ganado tras un año de rivalidad institucional, y sin pagar un precio político significativo.
El gobierno, los dirigentes regionales, el Ejército y los socios internacionales se habían plegado mayormente a sus puntos de vista, y sólo el Tribunal Constitucional seguía dando la cara, negándole el soporte legal a su drástica decisión.
Apenas se sofocaron los incendios de ese histórico 4 de octubre de 1993 cuando Yeltsin se lanzó a implantar una república presidencialista hecha a la medida, y sintiéndose fuerte, en los días inmediatos emitió una ráfaga de decretos que pautaron una suerte de segunda descomunistización.
La intención era despejar de obstáculos la labor reformista del gobierno, aunque otra lectura apuntaba a la liquidación sin más, aprovechando la suspensión temporal de algunas garantías legales, de cualquier oposición organizada que cuestionara su poder.
El 5 de octubre compareció ante la nación para acusar a sus enemigos políticos de planear durante meses “una sangrienta dictadura comunista-fascista” y expresar su dolor por la sangre derramada en lo que calificó de “tragedia nacional”.
Borís Yeltsin también confirmo las elecciones legislativas para diciembre e instó a los soviets locales a que se disolvieran “sin conmociones y escándalos”.
El día 8 prohibió las actividades del centroizquierdista Partido Popular Rusia Libre, integrante de la Unión Cívica y el KPRF; pero el 19 los dos no figuraron en la relación de partidos vetados definitivamente de participar en los comicios.
Y el 27 decretó la libre compra venta de la tierra, reforma estructural de enorme trascendencia que completó la descolectivización del agro aprobada por Gorbachov en 1990, y así, en las semanas siguientes el equipo del Kremlin remató el proyecto de Constitución que iba a someterse a referéndum, diferente del elaborado por la Comisión Constitucional en el verano, cuando Yeltsin estaba obligado a hacer concesiones.
Rica en influencias de los modelos estadounidense y francés, la nueva Carta Magna rusa establecía que el presidente federal sólo era responsable ante el pueblo y le otorgaba amplias potestades, como la comandancia suprema de las Fuerzas Armadas, la elaboración de las políticas interiores y exteriores y la designación del jefe de gobierno ante el Parlamento.
Si éste rechazaba tres veces seguidas al candidato (fuera o no la misma persona), el jefe del Estado estaba facultado para disolver la Cámara, y también podía apelar a este instrumento si los diputados reiteraban una retirada de la confianza al gobierno, cuya continuidad o sustitución sí estaba enteramente sujeto a su voluntad.
Completando su conjunto de atribuciones, el presidente convocaba las elecciones y referendos, poseía iniciativa legislativa y nombraba candidatos a las altas magistraturas del país y, por si esto fuera poco, se dificultaba enormemente la posibilidad del proceso de destitución por el Legislativo.
