CIUDAD DE MÉXICO.- El 7 de octubre de 2022 el Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, Andrés Manuel López Obrador, amenazó con investigar a un juzgador por suspender actos administrativos relacionados con el programa piloto de educación, mientras se analiza su constitucionalidad, señaló la lic. Claudia Elena de Buen Unna, presidenta de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, A.C.
Agregó que la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, A.C. reprueba el acto del Ejecutivo Federal, en virtud de que constituye una afrenta a la división de poderes, establecida desde el siglo XVIII, para garantizar el uso apropiado del poder, confiando tareas a distintos órganos mediante una serie de pesos y contrapesos. Una de esas tareas consiste en el papel de los jueces de revisar la legalidad y constitucionalidad de los actos de los otros poderes.
“El poder del Presidente no es ilimitado, es temporal y constitucionalmente limitado. Uno de los límites lo constituye el que sus actos no solo pueden ser, deben ser, revisados en cuanto a su legalidad y constitucionalidad por otro poder: el Judicial. De lo contrario, no hay contrapeso alguno al actuar del Ejecutivo”.
Al amenazar a un juez por realizar la tarea que le es confiada por la Constitución, dijo, el Jefe del Ejecutivo ignora el principio de división de poderes contemplado en nuestra Carta Magna, principio que es pilar fundamental de un Estado Democrático de Derecho, violando en consecuencia la Constitución.
“La Barra Mexicana, Colegio de Abogados, A.C., como guardián del Estado de Derecho en México, exhorta al Presidente de la República a cesar los ataques en contra de integrantes del Poder Judicial, jueces, magistrados y ministros, así como a ceñir su ejercicio del poder público a lo que ordena la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”.
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