CIUDAD DE MÉXICO.- El Senado de la República analizó y discutió la creación de dos nuevas leyes: la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y la Ley de Carrera Judicial del Poder Judicial de la Federación; así como las modificaciones a la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, a la Ley Federal de Defensoría Pública, al Código Federal de Procedimientos Civiles, a la Ley de Amparo y a la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política.
Nancy de la Sierra, integrante del Grupo Parlamentario del PT, expresó que durante la aprobación del artículo transitorio que amplía el cargo del ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se violó el artículo 202, fracción I del Reglamento del Senado; además del artículo sexto, párrafos primero y segundo del acuerdo para la implementación de sesiones a distancia.
“No se llevó a cabo la segunda ronda para recoger las votaciones es la que muchos de nosotros hubiéramos rectificado nuestro voto en sentido contrario. Exhorto a la Cámara de Diputados a corregir esta aberración inconstitucional, que fue aprobada a través del engaño y un procedimiento opaco por la mayoría”, expresó la senadora por Puebla.
Durante la Sesión Ordinaria también presentó diversas reservas, como desechar la facultad que se otorga al Alto Tribunal para solicitar al Consejo de la Judicatura Federal “la averiguación de la conducta de algún magistrado o juez” a través del artículo 11, fracción 21, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.
“Esto no lo previmos en la reforma constitucional que aprobamos en noviembre. Pareciera que más bien se trata de un instrumento para vigilar o coaccionar a jueces que emiten fallos en determinado sentido, amenazando su independencia y autonomía para realizar sus funciones. En tanto no se aclare el procedimiento y los límites para el ejercicio de esta facultad, someto a consideración de esta asamblea eliminar esta nueva atribución”, señaló.
Impugnó el contenido del artículo4, fracción 23 de la misma ley, para eliminar la facultad que se confiere a la Corte sobre la implementación de sanciones con multas de más de 16 mil pesos a quienes cometan supuestas “faltas de respeto” contra el Poder Judicial, al no existir una definición clara del concepto y que podría consistir en la discrepancia de opiniones, una mirada o hasta un tono de voz.
Asimismo, propuso conservar el texto del artículo 41 bis 1 de la Ley vigente al destacar que “el artículo41 de la Ley citada permite que las facultades de los plenos regionales se definan a través de acuerdos generales, sin establecer límite alguno para la materia de estos acuerdos y sin especificar siquiera qué órgano los emitirá. Al respecto, sugiero precisar que el Consejo de la Judicatura es quien emitirá estas disposiciones”.
Las propuestas de la senadora Nancy de la Sierra no fueron admitidas por el Pleno del Senado de la República, en votación económica, dejando los artículos reservados en los términos del Dictamen.
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