CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta del Senado, Ana Lilia Rivera, sostiene que la iniciativa del presidente López Obrador para reconocer a pueblos indígenas y afromexicanos como sujetos de derechos, representa la oportunidad crucial para saldar la deuda histórica del Estado mexicano con estas comunidades marginadas.
Rivera asegura que la iniciativa presentada por el Ejecutivo Federal aborda casi todos los aspectos contemplados en los Acuerdos de San Andrés Larraínzar, Chiapas, firmados entre el Gobierno Federal y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en 1996, lo que podría contribuir a erradicar el racismo, la discriminación, el despojo y la invisibilización que han sufrido históricamente los pueblos originarios.
En un artículo publicado en un diario nacional el pasado 15 de febrero, la legisladora explicó que en 2019 una amplia alianza de pueblos y organizaciones indígenas presentó al Presidente de la República una propuesta de reforma constitucional sobre los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos.
Esta propuesta fue enriquecida mediante foros de consulta organizados por el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), y el resultado, aunque con modificaciones, fue enviado el 5 de febrero pasado por el Ejecutivo Federal como parte del paquete de reformas constitucionales.
La senadora por MORENA, Ana Lilia Rivera, quien también fue delegada del EZLN, dijo que el pasado 16 de febrero se cumplieron 28 años de los Acuerdos de San Andrés, surgidos de un proceso exhaustivo de análisis y debate sobre las principales demandas históricas de los pueblos indígenas, en el que participaron expertos y representantes de numerosas comunidades en todo el país.
Sin embargo, esos acuerdos se redujeran a la iniciativa de Ley Cocopa y, posteriormente, en 2001, a una versión modificada que se convirtió en la Ley Indígena, la cual, en su opinión, traicionaba los puntos esenciales de los Acuerdos de San Andrés, particularmente los derechos a la autonomía y al territorio.
La senadora pro Tlaxcala y abogada de profesión. subrayó que, en aquel entonces, los pueblos originarios solo fueron reconocidos como entidades de interés público, lo que los mantenía en una posición pasiva ante el paternalismo del Estado y sujetos a la voluntad de los gobiernos en turno, sin la capacidad de reclamar sus derechos ni defender legalmente sus territorios.
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