Federico Berrueto
El pesimismo gana espacio entre muchos en la oposición. No es para menos. El presidente López Obrador con amplia aceptación se ha investido como coordinador de la campaña 2024 de Morena. Es evidente que las dirigencias del PAN y del PRI no están a la altura del desafío. MC se comporta extrañamente y, en un afán de diferenciarse, pone en un mismo plano al régimen y a sus opositores. Pasan los días y no hay quién se perfile como candidato. La derrota en el Estado de México significó la pérdida de un territorio estratégico, que se suma a 21 entidades gobernadas por Morena y aliados. En Guanajuato, territorio tradicionalmente panista, Morena es competitivo debido a un gobierno local desastroso en materia de seguridad.
A contrapelo del escepticismo opositor está la sólida presencia ciudadana que ha obligado a las dirigencias de los partidos a emprender una elección democrática del candidato(a) presidencial, proceso que sería conducido por un directorio ciudadano respetable, experimentado e imparcial. El gobierno es vulnerable en extremo por la inseguridad, tanto el federal como prácticamente todos los locales gobernados por Morena y afines. MC no tiene candidato presidencial y de irse solo perdería Jalisco y quedaría desdibujado por una contienda polarizada. Los gobernadores de la oposición, ciertamente en minoría, están considerablemente mejor calificados que los de Morena, PVEM y PES, con la singular excepción de Hidalgo.
Hoy lunes habrá de darse a conocer el método para seleccionar al candidato por la oposición. La duda mayor es la del padrón de votantes; aun así, es un paso significativo en la ciudadanización de la estrategia opositora, la mejor vía para ganar credibilidad y superar el desprestigio y la desconfianza a los partidos. El mejor candidato o candidata es inevitablemente opinable, el más competitivo será producto de un proceso de selección que el voto ciudadano definirá. Además, el esquema debe ser incluyente y que una selección intermedia decante los finalistas. Eso es lo deseable y posible, pero las dirigencias del PRI, PAN y PRD tienen la última palabra.
Por su parte, el proceso de Morena para la selección de candidato presidencial dejó muy mal parado al INE. No hay engaño. Si la autoridad electoral no saca la tarjeta roja por actos anticipados de campaña haría realidad la ausencia del árbitro y obligaría a la oposición a actuar en consecuencia. Tampoco hay presidente de la República que vea por todos, en su lugar hay un coordinador de campaña empeñado en ganar. La simulación ya no da para el engaño; el cinismo se ha instalado en medio de la contienda y está por generalizarse por la falta de quien haga valer las reglas.
El relevo en la presidencia del INE resultó catastrófico para su independencia. Los nuevos consejeros asumen estar en el lugar correcto, que para ellos es el sometimiento a Andrés Manuel López Obrador. La disputa por los cargos técnicos revela la diversidad de intereses y perspectivas, pero se equivocan quienes infieren un sentido de independencia del poder gubernamental. El colapso del INE repercute en el Tribunal Electoral a pesar de que la Corte ha mantenido determinación, dignidad y autonomía. La Corte es la última trinchera en la defensa de la República y su Constitución. No es un tema menor y los ciudadanos deben mantenerse alerta en su defensa.
Los ciudadanos tienen tres vías para involucrarse en la protección a su democracia. La primera es la participación en la vía opositora; la segunda, fundamental, votar; la tercera, actuar en la conformación de las mesas directivas de casilla o en la observación electoral a manera de asegurar que los comicios se realicen en los términos que establece la ley y que dan certeza a los resultados.
En última instancia se trata de que, más allá del desenlace de la elección, los comicios se desarrollen con normalidad a pesar de las evidentes infracciones a la ley que se observa desde ahora y que, seguramente, estarán presentes durante las campañas, resultado de un INE ausente o disminuido y de la parcialidad de las autoridades federales y estatales a las que se convoca desde la presidencia a participar con sentido avieso.
