CIUDAD DE MÉXICO, 30 de noviembre (AlMomentoMX).- Con votos en contra de PAN y PRD, la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados aprobó la Ley de Seguridad Interior, que regula actuación de Ejército; el dictamen es enviado al pleno para su aprobación.
Los diputados del PAN y PRD votaron en contra del proyecto al considerar que éste es inconstitucional, además aseguraron que la seguridad sólo se resolverá con mejores policías y no con el Ejército en las calles.
La sesión, que duró dos horas, fue retrasada debido a que reporteros y activistas reclamaron a los legisladores de la Comisión de Gobernación que cambiaron el lugar de la discusión a una sala más pequeña y que se realizará a puerta cerrada.
Durante la discusión, el diputado panista Jorge Triana señaló que se le está dando la espalda a la ciudadanía, lo que califico de “inadmisible” al tratar el tema a puerta cerrada; agregó que el artículo 21 señala que el Estado debe otorgar seguridad a los ciudadanos a través de instituciones civiles y no militares.
“Lo que se está buscando con esta ley es convertir la excepción en regla”, señaló el legislador, quien además destacó que las organizaciones civiles han hablado del riesgo de esta ley de Seguridad interior que califican como característica de un régimen autoritario. “El riesgo de aprobarlo sin haber escuchado a la sociedad civil es enorme… hago un llamado a los miembros de esta comisión a que recapacitemos”, dijo.
El panista también subrayó que “se le ha dado la espalda a más de 200 organizaciones que han advertido sobre los riesgos de esta ley. Por eso dejaron a la ciudadanía afuera del salón”.
Por su parte, la legisladora de Morena, Rocío Nahle García, aseguró que votará en contra de la Ley de Seguridad Interior, porque “no estamos de acuerdo que ejército haga el trabajo de seguridad pública, aunque ellos ya están afuera y es necesario dotarlo de un asunto legal”, además la Ley no tiene una recomendación por los tratados internacionales.
El proyecto prevé regular la intervención de fuerzas federales y fuerzas armadas en acciones para contener amenazas a la seguridad interior en alguna entidad o zona geográfica determinada sin exceder un año de vigencia, con la posibilidad de una prórroga.
Para ello, el Presidente de la República podrá ordenar por sí mismo o a petición de las legislaturas locales o de los gobernadores la intervención de la federación, previa emisión de una Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior.
De acuerdo con el dictamen, las fuerzas armadas (el Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea) sólo intervendrán cuando las capacidades de las fuerzas federales resulten insuficientes para reducir o contener la amenaza de que se trate.
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