CIUDAD DE MÉXICO, 11 de enero (AlmomentoMX).- El Ombudsperson nacional, Luis Raúl González Pérez, aseguró que la propuesta de Guardia Nacional representa una respuesta parcial, incompleta y sesgada a la violencia e inseguridad que enfrentamos, con una visión coyuntural y de corto plazo.
Sostuvo que ese replanteamiento genera el riesgo de que se vulneren derechos humanos, no garantiza en modo alguno ni contribuye a terminar con la impunidad, debilita nuestra institucionalidad civil y democrática, además de contravenir sentencias, principios, recomendaciones y criterios formulados por instancias internacionales en materia de derechos humanos que nuestro país estaría obligado a cumplir.
Al participar en las Audiencias Públicas sobre la Guardia Nacional, convocadas por la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados dentro de la LXIV Legislatura, el Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), manifestó que los mexicanos no podemos depositar la garantía directa de los derechos, dentro de nuestro sistema constitucional, en órganos o estructuras militares.
Planteó que “la Secretaría de la Defensa Nacional no puede volverse la instancia que, directa o indirectamente, investigue, sancione y prevenga los delitos que cometan civiles, ni puede ser el eje en torno al cual se desarrolle la convivencia social en nuestro país”.
Parte muy relevante del surgimiento y consolidación democrática de México, que ha permitido, entre otras cosas, la alternancia en el poder, ha sido la separación y respeto existente entre las instancias civiles y militares. La primacía de las primeras sobre las segundas, es una condición ineludible y necesaria para preservar un Estado liberal y garantizar que nuestro sistema democrático no se vea condicionado o amenazado por intereses políticos o de cualquier otra índole de las estructuras militares, o sea viciado por la amenaza del recurso de la fuerza.
Aclaró que, como muchos, él está convencido de que la participación de las Fuerzas Armadas en tareas vinculadas a la seguridad pública no es deseable, pero, dijo, tampoco se puede desconocer que, por el momento, no es viable su retiro. Sin embargo, añadió, tal cuestión no puede justificar que pretenda verse en tal presencia la solución básica a la problemática que enfrentamos y que en razón de ello se busque perpetuarla.
En su intervención en la quinta sesión de este ciclo, dedicada al tema “Derechos Humanos y Guardia Nacional”, González Pérez aseguró que de aprobarse la reforma que se plantea, se estarían desconociendo e incumpliendo muchas obligaciones internacionales, iniciándose con ello un proceso de alejamiento o ruptura de México con los sistemas de protección y defensa de los derechos humanos, consecuencia que debe ponderar y dimensionar el Poder Legislativo.
Propuso que en todo caso, como paso previo a la reforma que se plantea, el Estado mexicano podría solicitar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos una opinión consultiva sobre la compatibilidad de una institución como la Guardia Nacional, con el régimen iberoamericano de derechos humanos.
Ante legisladores, autoridades federales y especialistas, reunidos en el Salón Verde de la Cámara de Diputados, manifestó su preocupación sobre el hecho de que las distintas reformas normativas que se proponen en materia de seguridad y justicia se estén tratando de manera aislada y parcial como si fueran cuestiones desvinculadas o independientes, dejando de lado la necesaria visión integral, multidisciplinaria y multidimensional que requeriría la revisión de las políticas estatales correspondientes.
Expresó que el tema de la Guardia Nacional, la ampliación del catálogo de los delitos sujetos a prisión preventiva oficiosa, los aumentos o disminuciones presupuestales a dependencias tales como la SEDENA o la Fiscalía General de la República, no son materias o cuestiones independientes, sino partes de un todo que tendría que ser revisado de manera objetiva, integral y responsable, junto con temas tales como la debida formación y capacitación de policías; la inteligencia financiera y la investigación patrimonial.
Asimismo, conjuntamente con el abatimiento de la corrupción; el combate al tráfico de armas; la revisión de nuestro sistema penitenciario; la modernización de nuestros sistemas de inteligencia; el replanteamiento de nuestras políticas de producción y consumo de drogas; así como el énfasis en el carácter preventivo de las políticas públicas en la materia.
González Pérez propuso el establecimiento inmediato de un grupo o panel de análisis especializado y plural que revise la evidencia objetiva y concreta, cuyas consideraciones aporten elementos para construir un esquema de seguridad pública, en el que aceptando y reconociendo la necesidad temporal de la participación de las Fuerzas Armadas en el ámbito de la seguridad pública, prevea una ruta para corregir las deficiencias, así como para el desarrollo y fortalecimiento de las policías e instituciones civiles, tanto federales como locales y municipales, a efecto de que sean ellas quienes asuman la seguridad pública, contemplando un plan para el retorno gradual y verificable de las Fuerzas Armadas a las tareas que les son propias.
Asimismo, entregó a los legisladores un documento jurídicamente sustentado con los puntos básicos de un análisis técnico pormenorizado de la propuesta de Reforma Constitucional, el cual puede ser consultado en la página www.cndh.org.mx
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