CIUDAD DE MÉXICO.- La diputada Fabiola Loya Hernández (MC) propuso endurecer la pena de cárcel por el delito de amenazas y que, en caso de que se cometa contra una mujer, la sanción aumente una tercera parte y se dicten medidas de protección, con el objetivo de salvaguardar su integridad y evitar peores expresiones de violencia.
Por medio de una reforma al artículo 282 del Código Penal Federal, plantea que la prisión vaya de tres meses a un año, o de 180 a 360 días de multa para el delito de amenazas contra familiares o contra una mujer y en cuya comisión concurran razones de género. En esos casos, señala la propuesta, el Ministerio Público indicará las medidas de protección necesarias para salvaguardar la integridad física o psicológica de la víctima.
Entre esas medidas, refiere la prohibición de acercarse o comunicarse con la víctima; vigilancia y protección policial, y la separación inmediata del agresor del domicilio de la persona afectada.
En el documento, turnado a la Comisión de Justicia, la legisladora menciona que en México el delito de amenazas se ha incrementado en los últimos años y es el quinto más común, después del robo en la calle o transporte público, extorsión, fraude y hurto parcial de vehículo.
Añade que la violencia de género es uno de los principales problemas que enfrenta el país, pues de manera cotidiana las mujeres son extremadamente vulnerables a cualquier tipo de agresión, desde el acoso en espacios públicos hasta el feminicidio que, en 2018, cobró la vida de 10 mexicanas cada día.
En la actualidad, para el delito de amenazas se establece una sanción de tres días a un año de prisión, pero no refiere casos de violencia de género.
La legisladora consideró que es fundamental atender los indicios de este tipo de violencia y que la autoridad actúe en consecuencia para evitar que esas manifestaciones den paso a peores expresiones de agresividad contra las mujeres.
Aunque la violación de los derechos humanos afecta tanto a hombres como mujeres, su impacto varía según el género de la víctima y la violencia contra ellas anula su autonomía y afecta su potencial como persona.
De acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2019, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 60.4 por ciento de los casos de amenazas conlleva un daño psicológico o emocional.
Además, según la Organización Mundial de la Salud, la violencia psicológica impacta más que la física, pues socava la seguridad y confianza de las personas y normaliza el “miedo y terror” en su vida cotidiana.
La Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía analizará una iniciativa que busca regular la venta de tarjetas SIM, a efecto de reducir la incidencia delictiva del robo de celulares y la extorsión telefónica.
La propuesta, suscrita por el senador Joel Molina Ramírez, fue turnada por la Comisión Permanente a ese órgano legislativo del Senado de la República, el pasado 28 de enero.
Se plantea que los concesionarios de telecomunicaciones deberán atender y colaborar con el Instituto Federal de Telecomunicaciones en la implementación de disposiciones que regulen la venta en establecimientos autorizados de tarjetas inteligentes desmontables, usadas en teléfonos móviles, vinculadas a un número telefónico, un código de identidad de fabricación del equipo y a un usuario.
El legislador de Morena señaló que según datos de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública, durante 2017 se cometieron 6.6 millones de delitos de extorsión en el país; de ellos, 93.2 por ciento fue vía telefónica.
Sin embargo, refirió que de acuerdo al informe Víctimas de Delitos del Fuero Común 2019 , “se registraron 7 mil 942 extorsiones en carpetas de investigación” iniciadas en las agencias del Ministerio Público y reportadas por las procuradurías y fiscalías generales de las 32 entidades federativas.
El Estado de México tiene el mayor número de incidencias con 2 mil 97, seguido de la Ciudad de México con 840, Jalisco con 724, Nuevo León con 521 y Veracruz con 510 denuncias, agregó.
Joel Molina Ramírez dijo que estas cifras confirman que la mayoría de los casos no son denunciados.
Asimismo, comentó que un estudio realizado por Asociación Nacional de Telecomunicaciones confirmó que la mayoría de las extorsiones se cometen en centros penitenciarios y encontró, en siete de ellos, que 90 por ciento de equipos sospechosos utiliza más de una tarjeta SIM, en un rango de dos hasta 78 tarjetas.
Se realizaron por semana 40 mil 496 llamadas en promedio. De los números analizados se registró que tan solo un usuario hizo 2 mil 457 llamadas en una semana; además, de un solo equipo con dos tarjetas SIM, se realizaron 3 mil 537 llamadas, mencionó.
El legislador de Morena añadió que el conjunto de equipos sospechosos en los siete penales, cuyo número varió cada semana, fueron la fuente de 219 mil 700 llamadas en el periodo. Consideró que con esta información “podemos dar cuenta de la problemática y afectaciones económicas que genera la comisión de estos dos delitos a la sociedad mexicana”.
Por ello, destacó la necesidad de que exista un mayor control sobre la venta de tarjetas SIM y su uso desmedido. Se propone que su venta se realice en lugares establecidos del comercio formal y con ello se pueda generar información de los usuarios, los equipos y las tarjetas SIM vinculadas a ellos, explicó.
Molina Ramírez aclaró que esta iniciativa, que reforma Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, no pretende desincentivar o restringir el crecimiento de este importante sector, “pero consideramos oportuno que la autoridad reguladora implemente disposiciones y lineamientos generales que regulen la venta de las tarjetas SIM para que exista un mayor control sobre su comercialización y uso desmedido”.
AM.MX/fm
Proponen incrementar penas para el delito de amenazas, y endurecer la sanción si es contra mujeres
