CIUDAD DE MÉXICO.- A través de los años, de diferentes administraciones y niveles de gobierno, los pueblos y comunidades originarias han enfrentado diversas batallas por defender su derecho a la consulta frente a los intereses y proyectos de desarrollo de gran escala que afectan sus tierras, territorios y recursos.
Pero también, enfatizó la senadora María Graciela Gaitán Díaz, del PVEM, se han enfrentado a la falta de un ordenamiento legal que establezca de manera clara los casos en que se les debe consultar en torno a proyectos en áreas indígenas que afecte su hábitat o cultura.
En este contexto, presentó una iniciativa para expedir la Ley de Consulta Previa, Libre, Informada, Adecuada Culturalmente y de Buena Fe de los Pueblos y Comunidades Indígenas, Afromexicanas y Equiparables.
La legisladora del PVEM sugirió que precisar la forma en que deben llevarse a cabo las consultas, sus fases de diseño, planeación, operación, seguimiento y evaluación, así como las sanciones que se aplicarán en caso de no respetar las disposiciones al respecto.
El proyecto de decreto, que se turnó a las comisiones unidas de Gobernación, Asuntos Indígenas y de Estudios Legislativos, Segunda, destaca que la responsabilidad del Estado es asegurar que todo proyecto en áreas indígenas que afecte su hábitat o cultura, se tramite y se consulte con los pueblos interesados con vistas a tener su consentimiento.
La senadora manifestó que la consulta tiene el objetivo de conocer la opinión, la posición, y las aportaciones de comunidades indígenas afromexicanas y equiparables sobre temas o asuntos relacionados a sus condiciones de vida, o cuando pretendan instrumentarse medidas legislativas, administrativas o políticas públicas.
Además de permitir el diálogo intercultural y la construcción de consensos, para fortalecer la relación entre gobierno, pueblos y comunidades indígenas, afromexicanas y equiparables y la sociedad.
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