TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO, 7 de noviembre (AlmomentoMX).- El Grupo Parlamentario de Morena presentó en el pleno de la 60 Legislatura, la iniciativa de Ley de Austeridad Republicana del Estado de México que busca reducir la opulencia, prebendas y dispendios que han caracterizado a la burocracia mexiquense durante décadas.
La iniciativa presentada por la diputada Azucena Cisneros Coss, reforma diversas disposiciones de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios.
“Tal iniciativa propone establecer como principio de actuación del gobierno a la austeridad republicana como un referente obligatorio que oriente la operación de las dependencias, entidades, tribunales de justicia y órganos autónomos del gobierno estatal a fin de que estos pongan en práctica medidas que mejoren el gasto público y hagan efectivo el control y la rendición de cuentas de las y los servidores públicos”, apuntó la legisladora.
La propuesta regula la realización de adquisiciones, la contratación de obras públicas, el establecimiento de límites a las percepciones, obligaciones de transparencia y la sanción por la comisión de faltas administrativas.
Como mecanismo de evaluación, se considera la considera al Comité de Evaluación integrado por representantes de la Secretarías de Finanzas y de la Contraloría del Gobierno del Estado de México, por el Órgano Superior de Fiscalización y el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción del Estado de México, y cada año deberá rendirse un informe anual sobre las medidas de austeridad y el destino de recursos ahorrados.
El incumplimiento de estas medidas de austeridad será observado por los órganos internos de control y sancionado, además considera como faltas administrativas de carácter grave las conductas relativas al nepotismo y la simulación de acto jurídico.
Las y los servidores públicos de mando superior que se separen de su cargo, no podrán ocupar puestos en empresas que hayan supervisado, regulado o respecto de las cuales hayan tenido información privilegiada en el ejercicio de su cargo público, salvo que hubiesen transcurrido al menos 10 años.
La Ley pone freno a incrementos en conceptos como telefonía celular, fotocopiado, combustible, arrendamientos, viáticos, gastos de alimentación, adquisición de mobiliario, remodelación de oficinas, bienes informáticos, papelería, asistencia a congresos, convenciones y exposiciones.
La diputada Beatriz García Villegas apuntó que la aplicación de la ley quedará en manos de los entes políticos y grupos que no son afines a la política de la austeridad por lo que confió en que se garantice su aprobación para la transformación del estado.
“Esperemos estar a la altura de discutir y aprobar la ley, que el gasto público sea utilizado a favor del desarrollo social y que no nos engañen con la austeridad, y la cual acabará en el bolsillo de una persona o solo en discurso”, refirió la morenista.
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