CIUDAD DE MÉXICO.- La diputada Aleida Alavez Ruiz (Morena) propondrá la creación del Registro Nacional de Deudores Morosos de Pensiones Alimentarias para que cientos de padres “olvidadizos” cumplan con esta obligación.
Lo anterior, ante el elevado índice de casos de incumplimiento en el pago de la pensión alimentaria en todo el país, señaló la legisladora en un comunicado.
Explicó que se busca combatir de manera frontal la morosidad en el pago de la pensión alimentaria a la que por ley tienen derecho miles de mujeres e hijos, como consecuencia de un divorcio o de alguna otra situación familiar.
Dijo que este Registro Nacional será un instrumento único en el que se inscribirá a los deudores alimentarios morosos, con el propósito de que cumplan con su obligación en la materia, detalló.
Entre los beneficios para los dependientes podría constituir prueba en algún proceso penal iniciado a partir del incumplimiento; que los bienes inmuebles del moroso podrían constituirse en garantía de pago al inscribirse en el Registro Público de la Propiedad y en el o los folios reales donde aparezca como propietario el deudor moroso y la cantidad adeudada y lo más importante, obtener el cumplimiento de la obligación en favor del acreedor, mencionó.
La iniciativa prevé esta figura en la expedición del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares; la creación de la figura del Registro Nacional; el establecimiento del procedimiento especial relacionado con su inscripción, sus alcances, plazo para que las autoridades federales y, en su caso, las locales, incorporen la información al Registro.
Lo que se busca, dijo Alavez Ruiz, es que todas las autoridades pongan atención en este problema que afecta a quienes necesitan de los alimentos, independientemente del origen de esa necesidad.
Además, pidió a las entidades federativas que, dentro del marco constitucional de sus atribuciones y competencias, reformen sus Códigos Civiles para prever esta figura.
Sin embargo, y en caso de que no se reformaran dichos códigos de inmediato, prevalecería la obligación de subir la información a la plataforma del Registro Único, en cumplimiento del Código Nacional Procesal en materias civil y familiar.
Recordó que el sustento legal de esta iniciativa es la Constitución, porque en marzo de este año la Comisión de Puntos Constitucionales avaló varios cambios a la Carta Magna en materia de género.
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