Por Gerardo Flores Ledesma (*)
Sigue la decisión del nuevo aeropuerto… en veremos
TLCAN, pronto epitafio
MUCHO TRABAJO tienen en estos momentos, en materia presupuestal, Carlos Urzúa, Arturo Herrera y Gerardo Esquivel, quienes en el próximo sexenio serán el secretario de Hacienda, el subsecretario del ramo y el subsecretario de Egresos, respectivamente.
Suman más de un billón de pesos los recursos prometidos para programas sociales y de apoyo a la población en 2019, además de la construcción del Tren Maya, la reconversión de refinerías, el programa forestal, el de respaldo a los jóvenes y el traslado de 18 secretarías de Estado y 6 organismos desconcentrados o descentralizados, entre otros muchos.
Los recursos no alcanzarán aunque, como cada año, se aumentara en un 10% o 15% el presupuesto total del gobierno para 2019, lo que nos daría unos 6.5 billones de pesos.
Es improbable que con la desaceleración de la economía y un crecimiento del PIB que apenas alcanzaría el 1.6% en este año y 2% el próximo, se puedan afrontar los pagos de deuda pública, cubrir 150 mil millones para el Tren Maya, 120 mil millones de pesos para modernizar refinerías (no construir), 22 mil millones de pesos para apoyo a jóvenes, 22 mil millones de pesos para el plan forestal, 135 mil millones de pesos para reubicación de dependencias y más de 400 mil millones de pesos para atender promesas de campaña en favor de “ninis”, madres solteras, adultos mayores y población en situación de calle, entre otros.
Claro que sí se pueden cubrir esos pendientes mediante el uso de las reservas internacionales y con la contratación de más deuda pública, pero las consecuencias serían devastadoras para esos jóvenes a los que se quiere ayudar, porque sólo hay que verse en el espejo de la generación que ha vivido las crisis económicas recurrente, y que nos obligaron a dejar para de nuestra vida productiva en aportaciones para cubrir débitos externos e internos.
Quizá con una consulta pública, ahora que están de moda, se pueda generar una idea buena para darle salida a los problemas nacionales de pobreza y necesidades de mexicanos desprotegidos.
Por lo pronto, el Proyecto de Presupuesto de Egresos, la Ley de Ingresos y los Criterios General de Política Económica para 2019 serán una prueba de fuego para el próximo gobierno en términos de prudencia fiscal y estabilidad en las finanzas públicas
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ES POCO sesudo que una decisión tan importante como la ubicación del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (AICM) se deba resolver con una consulta pública.
Aunque el presidente electo, Andrés Manuel López, diga que no es necesario ser experto para determinar si es mejor continuar las obras en el ex vaso de Texcoco o la base militar de Santa Lucía o qué sucederá con el AICM, lo cierto es que un gobierno, en funciones o que está por llegar al poder, no puede poner en la palestra pública una obra con tanto impacto nacional.
Dejar en la voz del ágora la decisión de la continuidad de una construcción multimillonaria, con tantos aspectos que pueden afectar al país en estos momentos, es la salida más fácil de una administración que no ha tomado protesta para que la nación le demande respuestas ante sus errores o equivocaciones.
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A UN año de que comenzaron las negociaciones para modernizar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), nada está escrito, poco se ha avanzado, y se antoja muy complicada una salida exitosa.
El gobierno de Enrique Peña Nieto está tomando su tiempo para dejarle la papa caliente al nuevo gobierno, cuyos integrantes de gabinete propuestos, están más inclinados por una negociación bilateral con Estados Unidos que por mantener el acuerdo trilateral. Eso, desde luego, sería la sepultura del otrora intocable TLCAN.
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(*) Socio Numerario de la Academia de Periodismo y Comunicación Social
(*) Miembro de Vanguardia en línea y de Consorcio de Medios Digitales SA de CV
(*) Socio de la Academia Nacional de Periodistas de Radio y Televisión (ANPERT)
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