Por Gerardo Flores Ledesma (*)
Cancelación de estancias infantiles, un despropósito
Los factores que nos impedirán crecer económicamente
Arrancó el programa Producción para el Bienestar
OTRA VEZ, el Poder Legislativo se metió en un lío que pudo evitar si únicamente permitieran hablar a los afectados, no a quienes pretenden erigirse como “todólogos”.
El asunto de la reforma al artículo 19 y sus nueve delitos graves como robo de combustible, corrupción, delitos electorales, feminicidio, abuso sexual de menores, portación de arma, robo de transporte, robo a casa habitación y desaparición forzada debe ser prioridad para quienes han perdido a un familiar en un secuestro o quedaron mutilados, tras ser rescatados vivos, y también por aquellas familias cuya hija o hijo fue atacado sexualmente o asesinado y por más de 45 mil mexicanos cuyo pariente no ha sido localizado, aunque se han identificado mil 100 fosas clandestinas.
Han transcurrido 3 sexenios desde que aumentó la cifra de plagiados, mujeres atacadas y asesinadas, niños violados, robo de la riqueza nacional, tumbas clandestinas y más, pero la discusión siempre se estrella en quienes lanzan todo tipo de argumentos, incluyendo las comisiones y organismos de derechos humanos, sin que haya solución.
La mayoría de los que opinan sobre si un delito debe o no ameritar prisión preventiva para el acusado, nunca han pisado la cárcel, ni se han robado un bolillo para calmar momentáneamente el hambre o sufrido la muerte de un familiar que fue secuestrado y asesinado por falta de recursos para pagar el rescate.
Miles de expedientes judiciales viven el sueño de los justos y sus protagonistas sufren encarcelamiento injustificado porque no tuvieron para una fianza o para pagar un abogado, mientras los consumados hampones están en la calle, impunes, con cuentas bancarias desbordadas, integrando círculos delincuenciales de alta impunidad y comprando a ministerios públicos y jueces.
El problema de tener prisiones sobresaturadas con más de 80 mil presos por un delito menor terminará cuando en su lugar quedan a buen recaudo todos los integrantes de la delincuencia organizada y los políticos que han esquilmado al país.
Ya caímos en la tentación de perdonar y eliminar delitos graves para no obsequiar cárcel a delincuentes impunes. Hagamos lo correcto: Debe ir a prisión los que lastiman a la sociedad sin miramientos. No se pide llegar a los extremos del fusilamiento, como en China, donde la pena capital aplica lo mismo para quien alteró cualquier producto de consumo e intoxicó a sus compatriotas y causó daños a la salud pública, pero tampoco se desea la complacencia como para quienes trafican lo ilegal y viven de ello.
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El ASUNTO de las estancias infantiles también ha sido un despropósito del nuevo gobierno, porque no sólo acentuó la irritación de decenas de miles de padres de familia a los que se afectó con un recorte presupuestal provocado por los legisladores al aprobar el presupuesto en forma ciega, como antaño presumía la aplanadora priista, sin análisis previo y sin evaluar el perjuicio social.
Poner a los adultos mayores como eje de solución de un tema tan importante para los padres de familia, no resuelve la crisis que causa la cancelación de prácticamente 4,500 estancias infantiles en el país.
No se trata de ofrecer dinero a los abuelos de los niños que por falta de presupuesto ya no serán atendidos en una estancia con personal capacitado para ello, ni tampoco de generalizar las acusaciones contra las organizaciones de la sociedad civil por desvío de fondos públicos. El problema es más profundo. La eliminación de estancias infantiles no tiene cobijo en un argumento tan simplista como darle más carga de trabajo a los adultos mayores, porque visto de ese modo muchos de los integrantes del gabinete presidencial cumplen con ese perfil.
El punto de discusión no es entregar dinero a los abuelos que reemplazarán al personal de las 9 mil 317 estancias infantiles donde se apoyan a 350 mil niños, como tampoco lo es entregar 8 mil pesos mensuales a un millón de huachicoleros para que abandonen su ilícito negocio.
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PARA EL Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP), la primera mitad del año se caracterizará por una baja tasa de crecimiento en la economía debido a que no hay ninguna fuente importante de recursos producto de las acciones instrumentadas para eliminar la corrupción, así como por la cancelación del NAIM, la política energética relacionada con Pemex y ahora la eliminación de las subastas de energía eléctrica.
Otros factores que también serán tienen efectos negativos en el dinamismo del PIB serán la revisión de concesiones mineras, y los eventos que llevaron al importante desabasto de combustibles en diversas ciudades del país y el bloqueo de vías férreas en Michoacán porque ya tienen un impacto negro y significativo en la actividad productiva del país.
El CEESP explica en un más reciente análisis económico que la cancelación del NAIM a cambio de las limitaciones que ofrecen dos aeropuertos (el saturado AICM y el de Santa Lucía), ha generado una importante pérdida de empleos formales, así como intranquilidad en cuanto su eficiencia en interconexión.
Se detalla que el desabasto de combustibles, que aún prevalece en Guanajuato, Jalisco y Michoacán, impide suponer un crecimiento siquiera de 2% en el PIB, porque, además, no hay información clara sobre el paradero de las más de 600 unidades que se compraron en el exterior y que son la columna vertebral de la nueva estrategia para abastecer gasolinas y diésel a diversos estados del país.
Ya ni hablar del bloqueo a vías férreas en Michoacán, que no se han resuelto, y que ha provocado una merma multimillonaria en la actividad económica, ha manchado la imagen de empresas extranjeras líderes en la entrega de mercancías a nivel mundial por esa vía, y ha dejado mal parado tanto al gobierno estatal y al federal, porque no saben imponer el estado de derecho.
Por si faltara algo, en la frontera norte tampoco se ha resuelto el tema de las 45 empresas maquiladoras que están en paro laboral por la exigencia de incrementos salariales de 20% y un bono anual de 32 mil pesos.
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EL PROGRAMA Producción para el Bienestar será uno de los pilares del nuevo gobierno, no sólo porque dará apoyo a más de 2.8 millones de productores de maíz, frijol, trigo y arroz, sino también porque el objetivo central es alcanzar la autosuficiencia alimentaria en esos granos. Se espera por parte de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), que encabeza Víctor Villalobos, incrementar la producción nacional de esos productos en un 20% respecto del año 2018, mejorar los ingresos y empleo de las familias de los pequeños y medianos productores y disminuir las importaciones.
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(*) Socio Numerario de la Academia de Periodismo y Comunicación Social
(*) Miembro de Vanguardia en línea y de Consorcio de Medios Digitales SA de CV
(*) Socio de la Academia Nacional de Periodistas de Radio y Televisión (ANPERT)
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