CIUDAD DE MÉXICO.- El senador Israel Zamora Guzmán (PVEM) presentó una iniciativa ante la Comisión Permanente para proveer mecanismos legales que tienen como finalidad apoyar a comunidades y pueblos indígenas contra abusos de poder o disparidades sociales, protegiendo sus intereses, debido a que en las comunidades alejadas no existe señal de internet y con ello se genera desinformación.
En el documento se explica que en nuestro país existen 23.2 millones de personas de tres años y más que se autoidentifican como indígenas; y de acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en 2020 la población total en hogares indígenas fue de más de 11 mil 800 personas representando un porcentaje de 9.4 por ciento de la población total del país.
El proyecto de ley propone adicionar un párrafo en los artículos 126 y 130 de la Ley de Amparo, con el objetivo de brindar una mayor protección a las comunidades indígenas, para que las autoridades jurisdiccionales inviten a los representantes de la comunidad afectada cuando se resuelva sobre una suspensión y conozcan sobre las razones y fundamentos por las que se resolvió.
También, contempla dar mayor difusión a las comunidades indígenas para que tengan conocimiento de posibles implicaciones y se evite alguna omisión o error al momento de establecer a un posible afectado, en el caso particular de una colectividad.
La iniciativa propone informar a las comunidades sobre los argumentos que se dieron a conocer para deliberar de manera positiva o negativa sobre la resolución de la suspensión del acto reclamado, ya sea provisional o definitiva.
Asimismo, se propone incorporar dentro del tercer párrafo del artículo 147 de la Ley de Amparo para que, en caso, de que sea procedente la suspensión, el órgano jurisdiccional tome medidas para evitar la defraudación de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas hasta en tanto se dicta sentencia definitiva en el juicio de amparo.
El proyecto considera adicionar y reformar diversos artículos de la Ley de Amparo en materia de protección de los pueblos y comunidades indígenas. El documento fue turnado a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos para su análisis y dictamen.
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