CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum informó que enviará una iniciativa de reforma al Congreso para establecer filtros que eviten que personajes ligados con el crimen organizado puedan ser candidatos a cargos de elección popular.
Señaló que esta propuesta estaba contemplada en el Plan A de su reforma electoral y que no fue aprobada por el Congreso, por lo que ahora, busca aprovechar el período extraordinario de sesiones para que pueda entrar en vigor en el proceso electoral de 2027.
Por su parte, Luisa Alcalde, consejera jurídica de la Presidencia presentó una reforma a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales para blindar elecciones 2027 del crimen organizado.
La consejera jurídica de la presidencia dio a conocer esta propuesta que busca la creación de una Comisión de Verificación de Integridad de Candidaturas dependiente del INE.
Para que distintas instituciones de Gobierno puedan revisar a los aspirantes a las candidaturas de los partidos políticos de las próximas elecciones 2027.
“Pretende establecer mecanismos eficaces para que los partidos políticos puedan tomar decisiones respecto a las candidaturas que propondrán a partir de la elección de 2027″, Luisa Alcalde, consejera jurídica de la Presidencia.
En la propuesta presentada por Luisa Alcalde señala que a través de la Comisión de Verificación de Integridad de Candidaturas, los partidos políticos podrán participar voluntariamente en la revisión de sus aspirantes a candidaturas.
Por lo que los aspirantes a candidatos podrán ser investigados por instituciones como:
Centro Nacional de Inteligencia (CNI9
Fiscalía General de la República (FGR)
Unidad de Inteligencia Financiera (UIF)
Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV)
Con el fin de obtener información para establecer un posible “riesgo razonable” de vínculos con la delincuencia organizada.
Posteriormente, las instituciones entregan la información a la Comisión sin señalar el asunto del que se derive el riesgo.
Después, la Comisión informa a los partidos políticos si existe o no riesgo razonable señalando las instancias que advierten del mismo.
Al tener esta información serán los partidos políticos los responsables de determinar si registran o no dicha candidatura.
Y en caso de encontrarse información relevante, las instituciones de acuerdo a sus atribuciones continuarán con la investigación correspondiente.
Esta reforma de ley propone también que las personas que aspiren a una candidatura deberán como requisito obligatorio manifestar al partido político que los postule su conformidad de ser evaluados.
Dicha evaluación deberá ser hecha por la Comisión de Verificación de Integridad de Candidaturas, independientemente de la decisión del partido de someterla o no a consulta de la Comisión.
Además señalan que todo este proceso se realizará en condiciones de confidencialidad entre todas las partes.
Y la información que identifiquen las autoridades competentes tendrá carácter reservado para no afectar, en su caso, el debido proceso.
AM.MX/fm
