CIUDAD DE MÉXICO, 31 de octubre (AlmomentoMX).- Se recibe con preocupación la iniciativa de Napoleón Gómez Urrutia, porque una cosa es lo que menciona por ahí el Senador y otra cosa es el texto de la iniciativa en la cual pues se elimina prácticamente todas las formas de subcontratación, y las convierte no solamente en una actividad, al menos en la iniciativa, en una actividad que sería no tolerada sino ilícita y que se convierte en delitos, que se convierten al final en delincuencia organizada, lo cual es muy peligroso, aseguró Javier Trevino, Director General de Políticas Públicas del Consejo Coordinador empresarial (CCE).
“La verdad es que esta iniciativa, lo que hace es introducir un elemento de incertidumbre en varias vertientes. Incertidumbre porque pone en riesgo justamente la aprobación del tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, en Estados Unidos”. Indicó que cuando los congresistas de Estados Unidos han estado insistido en la importancia de tener certeza en la reforma laboral y evitar cualquier otro cambio que se lleve a cabo en la Ley Federal de Trabajo y en los ordenamientos jurídicos vinculados con el sector laboral, y por el otro lado también esta iniciativa significa un elemento de incertidumbre para la inversión mexicana y extranjera, en México, porque las empresa utilizan la forma de subcontratación para poder aumentar su competitividad, su productividad, y permiten que otras empresa que son administradoras integrales de capital humano pues puedan darle los servicios, dentro del marco de la ley, del reclutamiento, del entrenamiento, de la contratación, del manejo de la nómina, y de algunos otros servicios que son prácticas comunes en todo el mundo y principalmente en los países de América del Norte, Héctor. Entonces, la iniciativa del Senador Gómez Urrutia realmente preocupa al sector privado por estas razones, pone en riesgo el tratado de libre comercio con Estados Unidos y con Canadá, y pone en riesgo la inversión privada en México.
Agregó que en cuanto a las empresas factureras o fantasmas, el sector privado mexicano en el Consejo Coordinador Empresarial ha sido muy enfático que hay que castigarlas, y para eso ya existen los ordenamientos legales para castigar a esas empresas, a las empresas de subcontratación abusivas, Pero hay cientos de empresas en el país que se dedican a la subcontratación y que lo hacen de manera legítima, de manera legal, y que ayudan a la productividad de las empresas, y además también fortalecen los ingresos de los trabajadores, de los colaboradores de las empresas, porque no solamente cumplen esas empresa con sus obligaciones en materia de seguridad social, en materia tributaria, sino también añaden valor a los ingresos de los trabajadores, porque te añaden, además de los sueldos y prestaciones, seguros de gastos médicos mayores, seguros de vida, algunos otros fondos para poder apoyar a los trabajadores así es de que en el caso de que desaparecieran estos servicios de subcontratación se causaría un grave daño a la inversión mexicana y a la inversión extranjera en México.
Por su parte, César Maillard Canudas, integrante de la Mesa Directiva y especialista en Materia Laboral de la CONCAMIN, señaló que México sigue teniendo una gran presión de Estados Unidos para legislar en materia del trabajo, aprovechando el T-MEC. Estados Unidos está dictando las directrices para que la Ley Federal del Trabajo tenga cierta afectación hacia el empresariado mexicano. Se afecta la soberanía por la redacción de la ley; ahora quieren abrir, en el T-MEC, el tema laboral, no veo cómo vayan a ratificarlo.
“La ley sobre subcontratación (outsourcing), que se plantea desde la comisión laboral del Senado, que preside Napoleón Gómez Urrutia, pondrá en jaque a las empresas mexicanas”.
Desde la aprobación de la Ley Federal de Trabajo, en mayo pasado, dijo, México cedió a presiones y ahora, con los nuevos cambios que se plantean en diversos frentes, nuevamente se atiende la agenda de los socios comerciales.
Manifestó que no se está legislando al vapor, sino con directrices y, al votar por mayoría y de manera directa, se deja fuera un contrapeso (como es la opinión de los expertos y los empresarios). De alguna manera vemos una gran influencia de los líderes sindicales de Estados Unidos y del Partido Demócrata, que prácticamente nos están redactando la Ley Federal del Trabajo.
“Tenemos una gran influencia del gobierno estadounidense; tendríamos que tomar en cuenta que la soberanía de los mexicanos no debe someterse a las necesidades de los sindicatos de Estados Unidos y Canadá”.
Sobre tercerización, dijo, no debemos confundir la subcontratación y/o outsourcing, porque muchos despachos de carácter fiscal se metieron el manejo de nóminas, sin cumplir con las normas y ofrecer beneficios adicionales a los trabajadores.
Señaló que la Iniciativa de Napoleón Gómez Urrutia va afectar la capacidad de productiva del país; va a quedar muy al criterio de autoridades que, a veces, por cierta ignorancia, o de mala fe, podrían mal interpretar el servicio de subcontratación.
“El problema de todo esto es que las propias leyes están satanizando la subcontratación. La están queriendo prohibir, cuando en todo el mundo se encuentra completamente activa; el mundo está globalizado y se ha extendido esta modalidad en las grandes corporaciones de Occidente (China, India, Taiwán), abaratando los costos”.
México tiene un grave problema, pues el 98.5% de las empresas son Pymes, de tal manera que muy pocas tienen la capacidad de soportar la carga impositiva; se le ha olvidado al gobierno que las prestaciones de previsión social que puede recibir el trabajador, puedan ser deducibles de impuestos, para que tengan mejor liquidez en su bolsillo.
Lo importante de este proceso es concretar una regulación adecuada para apoyar a las empresas cumplidas y generar mayores beneficios a los trabajadores. Por ejemplo, con el cambio que retendrá el 6% del IVA a los servicios de subcontratación, va afectar el flujo de las empresas, para poder opera; va a provocar un empobrecimiento o incremento (costo) en la prestación de servicios y esto no ayuda a ser competitivos.
Destacó que en algunos países como Alemania, prácticamente el 50% de los trabajadores están bajo un régimen de subcontratación; así funciona el mundo, y México no se puede sustraer de una economía global, menos si cuenta con muchos tratados comerciales.
Enoch Castellanos, Presidente de la CANACINTRA, señaló sobre la iniciativa del Napoleón Gómez Urrutia, que parece que a cualquier se le ocurre querer hacer medias extremas. Estamos muy preocupados porque hay cerca de ocho millones de trabajadores que están en este esquema de outsourcing y esto de querer, incluso hacerla retroactiva, porque actualmente está en Ley Federal del Trabajo la figura del outsourcing, nosotros siempre estaremos de acuerdo que se castigue a aquellos que simulen, aquellos que abusen de los trabajadores pero no de quienes hacen las cosas a la par de la ley, además con una tendencia mundial.
“Recordemos que las empresas tratan de enfocarse en su core business y ahí, o en su objeto principal, y ahí es donde contratan a sus trabajadores y hay actividades accesorias que se subcontratan vía el outsourcing, y es totalmente legal, y no estamos de acuerdo que se tipifique que se les quiera tratar como delincuentes incluso a los que están actuando a la par de la ley”.
Indicó que hay medidas que ha estado implementando la Secretaría del Trabajo para cruzar información con el IMSS, con el SAT y verificar efectivamente que no haya simulaciones y yo creo que esto debe de seguir. Incluso nosotros creemos que bajo un análisis serio, la iniciativa no debe de progresar. Creo que si queremos que México siga teniendo viabilidad para el futuro y repunte pues no podemos estar tratando de satanizar a los empresarios y mucho menos poniéndole trabas al desarrollo económico.
Para la COPARMEX, la iniciativa deja al esquema de subcontratación como una práctica ilegal, cuando incluso la Ley Federal del Trabajo la avala y plantea sanciones en casos irregulares.
Clasificar la actividad como ilegal y como una conducta delictiva va más allá inclusive de lo que se había platicado en el Parlamento Abierto.
Es una reforma que criminaliza muchas de las actividades que actualmente se desarrollan, donde se pagan salarios de mercado y prestaciones, se tiene a los trabajadores registrados con sus salarios tanto en seguridad social como ante autoridades fiscales.
Prohibir esta actividad y calificarla como un delito inhibirá la actividad.
AM.MX/fm
