CIUDAD DE MÉXICO.- La Comisión de Puntos Constitucionales aprobó un dictamen para establecer que le corresponde al Senado de la República y a la Cámara de Diputados, con el equivalente al 33 por ciento de sus integrantes, interponer acciones de inconstitucionalidad en contra de las adiciones o reformas a las constituciones de las entidades federativas.
En las consideraciones del proyecto que reforma el artículo 105 de la Constitución Política, los senadores explicaron que la acción de inconstitucionalidad constituye uno de los más importantes medios de control en el sistema jurídico mexicano.
A fin de fomentar un Estado democrático y de derecho, apuntaron, es fundamental que la Cámara de Senadores y la colegisladora puedan acudir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para revisar la contradicción, además de las leyes emitidas por el Congreso de la Unión y los tratados internacionales, las adiciones o reformas a las constituciones de las entidades.
México avanza hacia una pluralidad creciente y en este contexto, otorgar a la representación política la posibilidad de recurrir al Máximo Tribunal para que determine la constitucionalidad de una norma aprobada por las mayorías de los congresos, significa hacer de la Carta Magna el único punto de referencia para la convivencia de grupos o actores políticos, señalaron.
La Comisión de Puntos Constitucionales, también avaló un cambio al artículo primero de la Constitución para establecer que las autoridades del Estado mexicano promoverán, respetarán, protegerán y garantizarán, en el ámbito de sus respectivas competencias, el principio de igualdad sustantiva entre mujeres y hombres.
Con ello, explicó la senadora Claudia Ruiz Massieu Salinas, todos los programas sociales, las políticas públicas y las decisiones de gobierno deben tomar en cuenta las necesidades específicas de mujeres, adolescentes y niñas para el goce real de sus derechos.
En su reunión extraordinaria, la Comisión tenía programada la votación de un proyecto de dictamen para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público se integre al Sistema Nacional Anticorrupción, pero se retiró para analizarlo con mayor profundidad.
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