sábado, mayo 18, 2024

Poder Judicial pide aumento de 4% en su presupuesto

CIUDAD DE MÉXICO.— El Poder Judicial de la Federación (PJF) solicitó para el ejercicio fiscal de 2024 un aumento real del 4 por ciento, respecto del presupuesto aprobado para el 2023, que fue de 77 mil 544 millones 491 mil 126 pesos; es decir, busca 84 mil 792.4 millones de pesos.

De dicho total, 6 mil 091.1 millones serían destinados a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN); 74 mil 793.3 millones de pesos al Consejo de la Judicatura Federal (CJF) y 3 mil 890 millones de pesos al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

⇒ Al respecto, la ministra Norma Piña Hernández, presidenta de la SCJN, advirtió que tratar de asfixiar al Poder Judicial a través de un recorte presupuestal colocará a los más vulnerables en una condición de desventaja para acceder a sus derechos.

La ministra Piña Hernández aseguró que el proyecto de presupuesto fue aprobado por unanimidad de votos en cada uno de los cuerpos colegiados y se rigió por criterios de racionalidad y transparencia, además de que considera ahorros y economías derivados de la aplicación de medidas de racionalización y austeridad.

Enfatizó que las funciones que habrá de desempeñar el Poder Judicial de la Federación el próximo año son de particular relevancia para la vida democrática y la justicia social en nuestro país. En primer término, el proceso electoral 2023-2024 implicará la renovación de más de 20 mil puestos de elección popular.

“Ello exige una asignación presupuestal suficiente para cubrir el potencial incremento de asuntos que habrá de resolver el Tribunal Electoral. Solo así, se puede garantizar que la transmisión de poder en México se dé pacíficamente y con estabilidad democrática”, declaró.

En 2024, desde el Poder Judicial, se tendrá que atender el incremento continuo en la demanda de justicia federal que se registra en los últimos cinco años. “Si la tendencia en 2023 se mantiene, entonces el próximo año la Judicatura federal habrá de resolver 1.3 millones de casos nuevos”, añadió.

Para el próximo año, también se requerirá la creación de 45 órganos jurisdiccionales más. Esto, “por la implementación del nuevo modelo de justicia laboral. Este modelo deriva de las reformas aprobadas por el Congreso de la Unión en el marco de las obligaciones internacionales asumidas por el Estado Mexicano en la suscripción del T-MEC”.

También, el Poder Judicial habrá de garantizar la implementación gradual del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, aprobado a mediados de este año por el Poder Legislativo. Además, los recursos se tendrán que destinar al Instituto de la Defensoría Pública que representa jurídicamente y, sobre todo de manera gratuita, a los mexicanos.

“Se dispondrán recursos para el reforzamiento de las medidas de seguridad para las personas que integramos el Poder Judicial Federal. Impartir justicia nunca puede traducirse en una afectación a nuestra integridad personal, ni a la de quienes nos rodean. La independencia judicial exige establecer las medidas y las salvaguardas necesarias para que no existan restricciones, influencias indebidas, presiones, amenazas o interferencias de ningún tipo en la actividad jurisdiccional”, abundó.

Piña Hernández comentó que de la operación del Tribunal Pleno y las dos Salas de la Corte, dependerá que se continúe construyendo la doctrina constitucional indispensable para prevenir y reparar violaciones a los derechos fundamentales.

“Este Alto Tribunal tiene, además, la encomienda constitucional de velar por que cualquier actuación de las autoridades nacionales se apegue a la máxima norma jurídica en México, nuestra Constitución, en la que está representada, entre otras cosas, la soberanía popular, el federalismo y la división de poderes”, puntualizó.

La ministra presidenta de la SCJN aclaró que la asignación presupuestal requerida para la impartición de justicia federal en 2024 representa, en promedio, 1.8 pesos diarios por mexicano. Y afirmó que el Poder Judicial tiene una gran responsabilidad en cada sentencia que emite,  por lo que “nuestra actuación —como cualquier función pública— está directamente condicionada por la suficiencia presupuestal”.

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AM.MX/dsc

Redacción/dsc
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