fbpx Pocas respuestas a un año de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa | Almomento | Noticias, información nacional e internacional

ayotzinapa 01CIUDAD DE MÉXICO, 26 de septiembre (Al Momento Noticias).- Hoy se cumple un año de la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa a manos de la Policía Municipal aliada con el cártel Guerreros Unidos de Iguala, según se desprende de los informes oficiales y de las declaraciones de los 11 detenidos hasta el momento.

Los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa desaparecidos ese 26 de septiembre de 2014, eran en su mayoría de familias humildes y habitaban zonas indígenas de Guerrero.

Lamentablemente hasta el día de hoy no se ha dictado sentencia a ninguno de los 111 implicado en este caso. El autor intelectual de lo ocurrido, José Luis Abarca, capturado desde noviembre del 2014, no ha sido sentenciado ya que hasta el mes de junio del 2015 la PGR consiguió que se la abriera proceso contra él por el plagio de los estudiantes.

Diferentes versiones se han presentado ante la opinión pública y los medios de comunicación de lo ocurrido esa noche pero ninguna esclarece la verdad.

Marchas pacíficas, bloqueos viales, irrupción en eventos del Presidente, apariciones en medios de comunicación masiva, mítines públicos y miles de acciones han realizado los padres y familiares; estudiantes; y la sociedad civil para que se dé una respuesta seria y verdadera,  y no solamente en México sino al rededor del mundo.

El presidente Enrique Peña Nieto aseguró, días después de lo ocurrido, que “la justicia mexicana detendrá y castigará a todos los involucrados en los “crímenes abominables” cometidos contra 43 estudiantes de Guerrero” y agregó “A los padres de familia de los jóvenes desaparecidos, y a la sociedad en su conjunto les aseguro que no cejaremos hasta que se haga justicia”.

Hasta el día de hoy se siguen esperando respuestas claras por este crimen donde sigue en pie que “Fue el Estado” el culpable.

A un año de la muerte de seis personas y la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa en el municipio de Iguala, Guerrero, autoridades federales y estatales han detenido a 111 personas ligadas a los ataques del 26 y 27 de septiembre.

De estos detenidos, 52 eran policías de Iguala, 19 de Cocula y 40 están presuntamente vinculados con el grupo criminal Guerreros Unidos, entre ellos el ex alcalde José Luis Abarca y su esposa María de los Ángeles Pineda Villa, según el Tercer Informe de Labores de la Procuraduría General de la República.

De acuerdo con las declaraciones obtenidas hasta el momento, el ex presidente municipal de Iguala ordenó interceptar a los normalistas para que supuestamente no sabotearan el informe de labores de la presidenta del DIF municipal, su esposa María de los Ángeles Pineda Villa, señaló en su momentos el entonces procurador General de la República, Jesús Murillo Karam; sin embargo, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la CIDH informó el 6 de septiembre que el evento ya había terminado cuando Abarca dio esa orden.

El 4 de noviembre del año pasado, José Luis Abarca y María de los Ángeles Pineda Villa fueron detenidos en una casa ubicada en la delegación Iztapalapa, por policías federales, los cuales señalaron que la pareja los quiso sobornar con medio millón de pesos y un automóvil Mercedes Benz.

De acuerdo con la averiguación previa abierta por la Procuraduría General de la República del caso Ayotzinapa, el 24 de octubre de 2014 los Abarca fueron vistos en un centro comercial de Ermita, acompañados de una mujer que conducía un vehículo color azul, modelo Spark.

Sin embargo, la PGR no ha podido comprobar la participación de la ex presidenta del DIF municipal en la desaparición de los estudiantes.

María de los Ángeles Pineda Villa tiene un proceso penal por delincuencia organizada y lavado de dinero. Las pruebas aportadas por la PGR señalan que María de los Ángeles era miembro de Guerreros Unidos por lo menos desde el 2005. Ella recibía dinero para invertirlo en la venta y distribución de droga y la compra de inmuebles, además de que se le detectaron ingresos millonarios no comprobables.

El 16 de septiembre de este año, la Policía Federal lo detuvo en Taxco, Guerrero a Guillermo López Astudillo, “El Gil”. Según las investigaciones de PGR, el 27 de septiembre de 2014, “El Gil” envió un mensaje de texto al entonces líder de Guerreros Unidos, Sidronio Casarrubias Salgado, que decía: “Los hicimos polvo y los echamos al agua, nunca los van a encontrar”. “El Gil” está encarcelado en el penal de máxima seguridad del Altiplano a la espera de que un juez defina su situación jurídica.

Otro de los detenidos es Felipe Rodríguez Salgado, “El Cepillo” o “El Terco”, en Morelos y consignado al penal del Altiplano. Confesó que él y cuatro cómplices mataron a balazos a unos 15 normalistas que le entregaron policías de Iguala y Cocula. Dijo que cuando los recibió, al menos otros 25 ya habían muerto por asfixia.

De acuerdo con ‘El Pato’, ‘El Jona’ y ‘El Chereje’, ‘El Terco’ llevó el diésel o gasolina al basurero de Cocula y lo roció sobre los cuerpos. El día siguiente, como a las 15:00, llegó con bolsas de basura negras y les dio la orden de fracturar los huesos calcinados para depositarlos en las bolsas, dijo el entonces procurador Jesús Murillo Karam el 7 de noviembre.

El presunto líder máximo de la organización criminal Guerreros Unidos, Sidronio Casarrubias Salgado fue capturado en la carretera México-Toluca en compañía de un operador cercano en octubre de 2014. Fue internado en el penal del Altiplano.

Según el entonces procurador Jesús Murillo Karam, Casarrubias negó haber dado la orden de desaparecer o asesinar a los estudiantes, pero fue informado de la situación y no se opuso, incluso el 26 de septiembre dio la orden a ‘El Gil’ de “defender el territorio” ante los supuestos ataques de normalistas. Al día siguiente ‘El Gil’ le avisó a Casarrubias que ya los habían hecho polvo y los habían echado al río.

En noviembre pasado fue detenido en el municipio de Cuetzala, Patricio Reyes Landa, ‘El Pato’, presunto integrante de Guerreros Unidos, acusado de ser autor material en el asesinato y cremación de un grupo de estudiantes.

Según la PGR, confesó “haber recibido y ejecutado” a estudiantes que les entregaron los policías de Iguala y Cocula el 26 de septiembre.

De igual manera, Jonathan Osorio Gómez, ‘El Jona’, miembro de Guerreros Unidos también es acusado de haber participado en el asesinato y cremación de un grupo de estudiantes en un basurero de Cocula. Fue capturado en noviembre de 2014 en el municipio de Cuetzala.

Agustín García Reyes, ‘El Chereje’, fue el tercer autor material detenido. El integrante de Guerreros Unidos declaró en la PGR que transportaron a más de 40 personas al basurero de Cocula. Al llegar a ese lugar, les dijeron que eran estudiantes. Los delincuentes los bajaron del vehículo y les preguntaron a qué habían ido a Iguala. Los normalistas respondieron, según el criminal, “que iban por la esposa de Abarca” y que no pertenecían a ningún grupo delictivo.

El operador financiero de Guerreros Unidos, Raúl Núñez Salgado, ‘El Camperra’  fue detenido en octubre en un centro comercial de Acapulco; él entregaba 600 mil pesos mensuales al subdirector de Seguridad Pública de Iguala, Francisco Salgado Valladares, para dejarlos operar. Está preso en el penal “El Rincón” en Nayarit acusado de los delitos contra la salud y cohecho.

Martín Alejandro Macedo Barrera, vendedor de drogas, y el sicario Marco Antonio Ríos Berber dijeron que mataron a 17 normalistas, a quienes trasladaron a la parte alta de un cerro de Pueblo Viejo, donde tienen fosas clandestinas, informó el 13 de octubre de 2014 el entonces procurador de Guerrero, Iñaki Blanco. La PGR solicitó su arraigo tras el hallazgo de cuerpos en fosas de Iguala; sin embargo, ninguno es de los normalistas. También detuvieron a Honorio Antunez Osorio y Luis Alberto José Gaspar.

De los 40 criminales de Guerreros Unidos detenidos por estar presuntamente vinculados con la desaparición de normalistas se han revelado los nombres de 19 personas.

De los 52 ex policías de Iguala, destaca la detención del subdirector de Seguridad Pública municipal, Francisco Salgado Valladares, quien fue capturado el 7 de mayo de 2015 en Cuernavaca, Morelos. Raúl Núñez Salgado, “El Camperra”, operador financiero de Guerreros Unidos acusó a Salgado Valladares de recibir 600 mil pesos mensuales para dejarlos operar. Fue internado en el penal de “El Rincón”.

De los 19 oficiales arrestados destaca la detención del ex subdirector de la Policía de Cocula, César Nava González, quien fue detenido en Colima en noviembre y es acusado por la PGR de haber participado en el secuestro y desaparición de los normalistas. Sin embargo, el juzgado segundo de Jalisco, determino sujetar a proceso a Nava por los delitos de delincuencia organizada y secuestro. Fue internado en el penal de Puente Grande, en Jalisco.

Hasta el momento una de las piezas claves del caso Iguala es Felipe Flores Velázquez, quien era secretario de Seguridad Pública municipal de Iguala. La PGR lo identifica como uno de los principales objetivos a detener y quien presuntamente aprobó el ataque contra los normalistas tras recibir la orden de José Luis Abarca, hecho que dejó seis personas muertas y 43 normalistas desaparecidos.

El pasado 7 de septiembre, después del informe que presentó por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) sobre el caso Ayotzinapa, donde quedó descartada la “verdad histórica” que había dado a conocer el gobierno, el presidente Enrique Peña Nieto declaró que la investigación va a continuar hasta que se sepa lo que pasó realmente el 26 de septiembre del año pasado.

“Me une a ellos el deseo de conocer la verdad de lo que lamentablemente haya ocurrido y soy el primero en asumir el pleno interés de saber qué fue lo que ahí ocurrió” dijo Peña sobre el caso.

El GEIE anuló la “verdad histórica” que había anunciado Murillo Karam, ya que con evidencia científica comprobaron que quemar 43 cuerpos en el basurero de Colula, como mencionaba el informe oficial del gobierno, hubiera requerido por lo menos 60 horas y muchísimo combustible, por lo cual esta versión no podría ser cierta.

Peña también dijo que tiene toda la disposición para reunirse con los padres de los normalistas desaparecidos, después de que ellos ayer, tras recibir el informe del GEIE, exigieron una reunión con el presidente.

Cabe recordar que fue el propio gobierno quien le pidió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que apoyara la investigación y por esto se creó el Grupo Interdisciplanario de Expertos Independientes (GIEI) que ha llevado la investigación durante 6 meses.

AMN.MX/fm

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