CIUDAD DE MÉXICO.- El Pleno del Senado analiza el dictamen que reforma diversas disposiciones de la Ley de Hidrocarburos, cuyo objetivo es garantizar la soberanía y seguridad energética del país, así como combatir el comercio ilícito de combustibles y petrolíferos.
En sesión a distancia, la presidenta de la Comisión de Energía, Rocío Adriana Abreu Artiñano, presentó el dictamen y advirtió que “los permisos de importación han provocado distorsión y prácticas ilegales en el mercado, como la venta ilícita de combustibles al amparo de esta figura”.
Destacó que el robo y contrabando de combustibles tuvo un incremento sustancial en la última década, a la par de la liberación de la importación de hidrocarburos, lo que afectó gravemente el erario y generó una competencia desleal para los permisionarios legalmente establecidos.
Abreu Artiñano denunció que el mercado ilícito de petrolíferos creció durante las pasadas administraciones y sólo durante los años 2016, 2017 y 2018, las pérdidas alcanzaron 147 mil millones de pesos, cifra superior al presupuesto de varias entidades federativas.
Por la Comisión de Estudios Legislativos, Segunda, la senadora Ana Lilia Rivera Rivera señaló que el proyecto tiene como objetivo reivindicar el rol preponderante de Petróleos Mexicanos en el sector, como garante de la seguridad y de la soberanía energética, así como del desarrollo nacional.
Dijo que mediante el combate frontal a las principales causas que han hecho que la transición de los últimos años impactara negativamente en la eficiencia y en la autosuficiencia energética del país, como lo son la corrupción pública y privada, el robo de combustible y el desabasto.
Por eso, agregó, coincidimos con la iniciativa de origen y con las valoraciones de la colegisladora, respecto a que las reformas planteadas por el proyecto son idóneas y necesarias para desincentivar el comercio ilícito de hidrocarburos y petrolíferos, combatir la corrupción y garantizar el abasto de combustibles.
El dictamen señala que se busca reordenar diversas actividades económicas en el sector energético, con el fin de combatir la corrupción, garantizar el abasto y proteger la economía nacional y los ingresos que percibe el Estado.
La minuta propone facultar a la Secretaria de Energía (Sener) y a la Comisión Reguladora de Energía (CRE) para revocar permisos, cuando los titulares de los mismos cometan el delito de contrabando de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos.
Asimismo, plantea que se puedan suspender los permisos expedidos a permisionarios, cuando se prevea un peligro inminente para la seguridad nacional, energética o para la economía nacional.
El proyecto de decreto, enviado por la Cámara de Diputados, también dota de seguridad jurídica al permisionario, pues le permite solicitar la terminación de la suspensión, cuando demuestre que las causas que la ocasionaron ya fueron subsanadas y no se hayan originado ilícitos penales o infracciones administrativas.
Otro de los objetivos, es evitar que los consumidores reciban una cantidad de combustible inferior a la que pagaron. Para ello, se establece la revocación de permisos de operación para los concesionarios que reincidan en el incumplimiento de las disposiciones relacionadas a la cantidad, calidad y medición de hidrocarburos y petrolíferos.
El documento indica que se aplicará la misma sanción a aquellos permisionarios que modifiquen las condiciones técnicas de sistemas, ductos, instalaciones o equipos sin la autorización correspondiente.
Por otro lado, plantea que, en el supuesto de no emitirse una resolución por parte de la Secretaría de Energía o de la Comisión Reguladora de Energía, en cuanto a la resolución de permisos dentro de los términos que marca la ley, esta se entenderá en sentido negativo.
Además, eleva a rango legal las disposiciones normativas establecidas en la política de almacenamiento mínimo de petrolíferos, y dispone que el otorgamiento de los permisos estará sujeto también a la capacidad de almacenamiento que determine la Secretaría de Energía, conforme a las disposiciones jurídicas aplicables.
La reforma también elimina la posibilidad de que el Estado contrate a terceros con capacidad técnica, para operar el manejo y control de las instalaciones ocupadas, intervenidas o suspendidas.
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