CIUDAD DE MÉXICO.- La diputada Lilia Aguilar Gil (PT) propuso reformar la Ley del Seguro Social, en materia de las prestaciones en dinero, y establecer que la pensión del asegurado por incapacidad permanente total que se otorga a los huérfanos menores de 16 años no se suspenderá porque aquellos desempeñen un trabajo remunerado.
La iniciativa, turnada a la Comisión de Seguridad Social para dictamen, expone que la población destinataria son adolescentes y jóvenes que transitan a la vida adulta. Agrega que el concepto de adulto aplicado a jóvenes con discapacidad plantea el problema de su posición, prestigio y responsabilidad en la sociedad, así como la cuestión de la estima social, personal y sus derechos legales.
Subraya que las personas con discapacidad requieren construir su identidad, personalidad, autonomía y aprendizajes como cualquier ciudadano, situación que conlleva una inclusión laboral, que le permita ir más allá de su contexto, para lograr la construcción del yo social.
En su argumentación, la legisladora Aguilar Gil destaca la necesidad de asegurar ahora el bienestar social de todas las personas, especialmente el de los jóvenes con discapacidad, para su incorporación a la inclusión laboral con seguridad social y para aquellos que son beneficiarios de pensiones por parte de sus padres.
La iniciativa refiere que esta población debe ejercer su derecho conforme al artículo 123 de la Constitución Política que establece que toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social de trabajo, conforme a la ley.
Por ello, se plantea modificar la Ley del Seguro Social sobre las pensiones para las personas con discapacidad en los aspectos organizativos, que impacte en la mejora de logros laborales conforme al nivel de competencias y se les permita una inclusión laboral exitosa, con una nueva y mejor visión.
La iniciativa de la diputada Aguilar Gil que reforma los artículos 64, 134 y 136 de Ley del Seguro Social, señala que su objetivo es mejorar la legislación para lograr una sociedad inclusiva, una respuesta lógica y necesaria ante la exclusión social que ha prevalecido durante décadas.
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