CIUDAD DE MÉXICO.- La diputada Amalia Dolores García Medina (MC) planteó reasignar los recursos generados por el pago de derechos de las empresas mineras, por medio de la creación del Fondo Sustentable para Regiones Mineras, los cuales deberán ser empleados en inversión física con un impacto social, ambiental y de desarrollo urbano positivo.
En una iniciativa que reforma la Ley Federal de Derechos precisa que los recursos se destinarán en un 62.5 por ciento a la Secretaría de Educación Pública para que, en coordinación con los municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México en los que tuvo lugar la explotación y obtención de sustancias minerales, desarrollen infraestructura en materia educativa y el 37.5 por ciento restante a la entidad federativa correspondiente.
La distribución de estos recursos se realizará de acuerdo al porcentaje del valor de la actividad extractiva del municipio o demarcación de la Ciudad de México, respecto al valor total de la actividad extractiva del territorio nacional, con base en el registro estadístico de producción minera que deberá elaborar la Secretaría de Economía.
Mientras, las entidades federativas deberán publicar de manera trimestral, a través de su página de internet oficial, la información relativa a los recursos asignados por parte del Fondo Sustentable para Regiones Mineras, así como el ejercicio y destino de éstos y entregar un informe a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
En su propuesta de modificación a los artículos 271 y 275 de la Ley, turnada a la Comisión de a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, explica que la minería es una parte fundamental de la vida del ser humano debido a los grandes aportes que genera, y es una palanca para el desarrollo económico de las naciones.
Asimismo, es uno de los sectores más importantes en las cadenas productivas industriales, ya que aporta la materia prima para el desarrollo de actividades relacionadas con la construcción de casas, carreteras, edificios o la producción de teléfonos celulares.
Destaca que el sector minero genera diversos beneficios en nuestro país; no obstante, los recursos naturales que se explotan por esta actividad son recursos no renovables, lo cual requiere como contraparte el pago de derechos por parte de aquellos que se benefician.
Señala que no se cuenta con alternativas medioambientales ni económicas dirigidas a las poblaciones limítrofes a las zonas de extracción minera, algo que resulta ser de gran importancia debido al su impacto ambiental.
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