TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO.- En nombre del grupo parlamentario de Morena en el Congreso local, el diputado Max Agustín Correa Hernández propuso reformas a la Constitución Política estatal para garantizar la extensión progresiva con cobertura equitativa, cuantitativa y cualitativa de los programas de bienestar social que el Ejecutivo estatal otorga a la ciudadanía, como un derecho constitucional y no como una dádiva político-electoral.
El legislador, quien informó que 24% de la población mexiquense se encuentra en pobreza alimentaria, explicó que también se busca establecer el derecho constitucional a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad y la obligación del Estado a garantizarla, como parte del proyecto de Estado de bienestar igualitario y fraterno que el grupo legislativo de Morena pide ampliar y elevar a rango constitucional en la entidad, explicó.
En este sentido, señala que el apoyo económico relativo al derecho a la alimentación sea para personas con discapacidad permanente, indígenas o afromexicanas que se encuentren en situación de pobreza, madres solteras que tengan a su potestad hijas e hijos menores de edad o con alguna discapacidad y adultos mayores.
Además, mandata al Ejecutivo estatal, al Sistema Estatal de Planeación Democrática, al Sistema Estatal de Asistencia Social del Estado de México y municipios a hacer uso de indicadores estadísticos y geográficos para la planeación, programación, presupuestación y en la elaboración de los informes de gobierno que permitan garantizar los principios de progresividad, cobertura equitativa, transparencia y rendición de cuentas.
El legislador explicó que de esta manera se fortalece el uso del marco geoestadístico, diseñado para que los municipios y el gobierno estatal puedan identificar las áreas que tienen mayor rezago social para la entrega de los programas sociales.
Esta iniciativa, explicó, va en concordancia con la reforma a la Constitución Política del país impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador para que los apoyos sociales sean una realidad constitucional para toda la población beneficiaria, mediante la instauración del Estado de bienestar que le permita superar la condición de vulnerabilidad combatiendo la discrecionalidad y el condicionamiento político-electoral como práctica nefasta al otorgar programas y beneficios sociales con recursos públicos
La iniciativa remitida a las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Desarrollo y Apoyo Social, propone reformas a la Constitución Política estatal, así como a la Ley de Asistencia Social del Estado de México y Municipios.
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