CHETUMAL, Q.R.- Con el cierre de las oficinas de gobierno derivado de la crisis de contagios por el Covid-19, el Poder Judicial del Estado aprovechó la situación y gastó 4 millones 053 mil 256.83 pesos en la compra de cursos informativos contra el coronavirus y miles de cubrebocas a sobreprecio a una persona que no está autorizada para pagar impuestos.
De acuerdo con Sol Quintana Roo, el 15 de junio de 2020, con todo el país en semáforo rojo por la pandemia de Covid-19, el Poder Judicial de Quintana Roo (PJQROO) derogó del erario público un millón 600 mil 346 pesos para servicio de implementación y operación del proyecto regreso a oficina segura estrategias y requisitos sanitarios Covid-19.
Según el contrato No. PJ/CJE/SEA/SERVICIO/PROYREGRESOAOFICINASEGURA/048/2020, la dependencia estatal contrató a la empresa Ciem Laguna S. de R.L. de C.V., para “los servicios de medicina de primer contacto, acorde a las necesidades del PJ en las instalaciones de los distritos judiciales de Othón P. Blanco, Solidaridad.
Así como Cozumel y Benito Juárez, debiendo cubrir cuando menos el horario establecido en los lineamientos para la reactivación progresiva de la atención al público en el PJ. Dicho servicio lo proporcionara mediante la asignación de médicos generales y enfermeras con el perfil adecuado”.
Ese mismo día, sin justificación alguna, el Poder Judicial duplicó un contrato ahora en favor del Corporativo Real Cumbres S. de R.L. de C.V., empresa de la que Elba Ileana Del Rocío Tun Campos, es dueña.
Según el documento PJ/CJ/SEA/SUMINISTROSEINSUMOS/ADQ/49/2020, la empresa fue contratada para lo mismo que Ciem Laguna, en los mismos días, pero a un precio tres veces menor.
Por 486 mil 132.80 pesos, se contrató la adquisición de suministro de material e insumos necesarios para la debida instalación e implementación del “proyecto regreso a oficina segura” por el Covid-19.
“El suministro de los bienes deberá ser de manera mensual en las diferentes sedes ubicadas en los distritos judiciales de Othón P. Blanco, Solidaridad, Cozumel y Benito Juárez, donde se instalaran los filtros especializados del proyecto regreso a oficina segura.
Estrategias y requisitos sanitarios Covid-19, en un período no mayor a 72 horas contadas a partir de la presentación de la solicitud correspondiente por parte de la dirección de recursos materiales, tal y como se establece dentro de la cotización presentada por “el proveedor”, (sic), argumentó el Poder Judicial.
EMPRESA DEL EX PRESIDENTE DE LOS ODONTÓLOGOS
El 15 de septiembre de 2020, bajo el argumento, “Servicio proyecto regreso a oficina segura, estrategias y requisitos sanitarios Covid-19”, el Poder Judicial pagó a Ciem Laguna de S. de R.L. de C.V., del empresario Miguel Antonio Santamaría Palomo -quien de 2016 a 2018 fungió como presidente de mesa directiva de la Asociación Odontológica de Quintana Roo-, un millón 526 mil 558.03 pesos.
Entre las cláusulas del contrato PJ/CJE/SEA/SERVICIO/PROYECTOREGRESOAOFICINASEGURA/061/2020, la empresa acordó la implementación del Servicio de “Proyecto Regreso a Oficina Segura, Estrategias y Requisitos Sanitarios Covid-19”, objeto del presente contrato y descritos en su propuesta económica y técnica que forma parte integral de este contrato”, expuso el Poder Judicial de Quintana Roo.
Aunque no se precisa las bases de la capacitación, en la segunda clausula denominada “alcances”, se lee que habrá un curso de seis horas diarias de lunes a viernes para 20 elementos del Poder Judicial.
Para pagar esto, se estableció dividirlo en tres mensualidades que fueron pagadas el 16 de octubre, 16 de noviembre y 18 de diciembre del 2020, respectivamente.
Por último, y aprovechando que la emergencia sanitaria les brindó la oportunidad de hacer compras mediante adjudicación directa, el Poder Judicial se consintió con la adquisición de tres mil 300 cubrebocas KN95.
Aunque el precio con otras empresas rondaba entre los 5, 10 y hasta 50 pesos, dependiendo las especificaciones, la ciudadana Carmen de la Cruz Jiménez, de la que el SAT no tiene rastro de su RFC, vendió cada cubrebocas en 133.4 pesos.
Cabe destacar que, tras una revisión realizada por Sol Quintana Roo, el RFC CUJC830805193 que difundió el PJ en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) de la persona que les vendió las mascarillas, el portal del Servicio de Administración Tributaria (SAT), informó que la “estructura de la clave de RFC es incorrecta”.
AM.MX/fm
