CIUDAD DE MÉXICO, 11 de abril (AlmomentoMX).- Senadores de la República y representantes de la sociedad civil consideraron que para romper con el “círculo vicioso” de la corrupción no basta con que se cumpla con la llamada “Ley 3 de 3” o con la ampliación de los mecanismos para garantizar la veracidad de las declaraciones patrimoniales o de intereses.
Durante la presentación del estudio de caso “La negociación política de la Ley 3 de 3, primera experiencia exitosa de una iniciativa ciudadana”, el senador Zoé Robledo Aburto advirtió que si en este momento sólo se trata de saber “quién pone más elementos sobre la mesa”, entonces el tema terminará como un asunto específicamente electoral.
El legislador del Grupo Parlamentario del PT afirmó que se puede perder una oportunidad para consolidar la legislación anticorrupción, si se plantea la presentación de declaraciones o la ampliación de lo que se tiene que declarar como a “ver quién apuesta más”.
El senador con licencia, Roberto Gil Zuarth, dijo que para la implementación del Sistema Nacional Anticorrupción se requiere resolver los nombramientos que están pendientes, pues si no hay autoridades, no hay quien aplique los procesos que se definen en las leyes.
“Entiendo muy bien esta conversación pública muy atractiva, desde el punto de vista electoral, de la Ley 3 de 3, ya vamos en la 7 de 7, pero de nada sirven si no hay una autoridad que, a través de un proceso, las revise”.
Para Eduardo Bohórquez, director de Transparencia Mexicana, “lo que tenemos que hacer es consolidar lo que tenemos. Y si este Congreso aprobó tres declaraciones que tienen todo un bagaje histórico, institucional y técnico, y le podemos agregar soporte documental me parece fantástico, lo otro es un acto de campaña”.
El estudio de caso fue realizado por Integralia Consultores, que dirige Luis Carlos Ugalde, para la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey.
En el documento se relata el proceso por el que la iniciativa ciudadana para crear la Ley General de Responsabilidades Administrativas, llamada coloquialmente “Ley 3 de 3”, culminó con la promulgación de otras seis leyes secundarias que, en conjunto, sostienen el recién creado Sistema Nacional Anticorrupción.
La propuesta se discutió por primera vez en la historia legislativa de México bajo la modalidad de Parlamento abierto, esto es, representantes de la sociedad civil se sentaron a negociar con diputados y senadores.
El saldo de esta experiencia inédita de participación ciudadana es positivo. Por primera vez se echó a andar y se completó el proceso legislativo a partir de una iniciativa ciudadana, consolidando una nueva forma de proponer cambios relevantes por vías institucionales.
Para el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Enrique Burgos García, este ejercicio es uno de los primeros pasos para cohesionar las aportaciones de la sociedad civil y el gobierno.
Se trata, asentó el legislador del Grupo Parlamentario del PRI, de un “ejercicio relevante e irreversible entre la participación de la sociedad civil y las estructuras gubernamentales”.
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