CIUDAD DE MÉXICO / SemMéxico.- Las mujeres en los espacios públicos en Instituciones de Educación Superior, universidades, medios de comunicación, cine y medios audiovisuales exigen al Estado Mexicano y gobiernos estatales la garantía del derecho de las mujeres a vivir libres de violencia, derecho a la libertad de expresión, libre asociación y participación en los asuntos públicos y la garantía del derecho a informar y ser informadas.
Que se reconozca la epidemia de violencia que se vive en México y se realice la armonización e instrumentalización de las políticas públicas de acuerdo a la Convención para la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), Convenio 190 de la OIT y la NOM 035.
Esta declaración se presentó al final del Primer Encuentro con Periodistas Comunicadoras y Comunicadores por los Derechos Humanos, realizado en un espacio de la Cámara de Diputados, convocado por el Laboratorio de Derechos Humanos , Comunicación TIC, en colaboración con la diputada perredista Elizabeth Pérez Valdez, vice coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática PRD.
En este encuentro se presentó, igualmente el Observatorio de Derechos Humanos, Comunicación y TIC en Instituciones de Educación Superior y Universidades (ObservaMx), en el marco de la jornada de los 16 días de Activismo contra la Violencia de Género.
Ahí, Rosa Salazar, explicó que el encuentro es el primero del Laboratorio y sus asociadas, para tender puentes con las y los periodistas por la Dignidad, Libertad y Justicia para Todos y Todas.
Entre las demandas de la declaración señalan que el Estado y a las Instituciones de Educación Superior (IES), universidades, medios de comunicación, cine y medios audiovisuales reconozcan y adopten la definición de la violencia simbólica y su impacto en la vida de las mujeres y niñas, y de la violencia política en razón de género.
Prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres en la vida política a través de acciones concretas dirigidas a difundir y sensibilizar sobre los derechos humanos de las mujeres.
Llamaron a las más altas autoridades del Estado en todos los niveles a dejar de hacer discursos y comentarios estigmatizantes y sexistas porque tienen el potencial de crear una atmosfera permisiva para la generación de violencias contra las mujeres, y de minimizar e invisibilizar la situación estructural de violencia y discriminación que enfrentan.
Resaltan la falta de atención y presupuesto a las políticas educativas y laborales que protejan, reparen y garanticen la no repetición de la violencia, lo que pone en riesgo permanente la dignidad, la integridad y la vida de las mujeres que integramos.
Sostiene que ello da pie a múltiples expresiones de la violencia como la docente y laboral, generando condiciones que el Gobierno Mexicano ha denominado como tortura. pues se “está frente a un acto de tortura cuando el maltrato es: intencional; cause severos sufrimientos físicos o mentales o se cometa con determinado fin o propósito”.
Las mujeres que denuncian públicamente a los presuntos autores de la violencia sexual o de género no deben ser acusadas de difamación penal, ni perseguidas por denuncia falsa de delitos, ni ser objeto de demandas por difamación frívolas o vejatorias.
Los Estados, así como las instituciones académicas públicas y privadas, deben respetar la libertad de expresión académica y abstenerse de censurar, restringir o discriminar los estudios de género y los estudios feministas o el debate público sobre estas cuestiones.
Las y los funcionarios del Estado deben condenar públicamente cualquier ataque a las mujeres periodistas y deben abstenerse de hacer declaraciones que puedan poner en peligro a las mujeres.
Las plataformas de medios sociales tienen la obligación de garantizar que los espacios en línea sean seguros para todas las mujeres y estén libres de discriminación, violencia, odio y desinformación.
Las empresas de medios de comunicación deben garantizar la seguridad de las trabajadoras adoptando políticas y procesos para hacer frente a la violencia y el acoso sexual y de género tanto en el entorno laboral externo como en el interno, implicando a las mujeres en la creación de estos procesos y políticas, y proporcionando apoyo biopsicosocial y de seguridad digital, asistencia jurídica y formación y protocolos para todo el personal.
Los intermediarios de Internet deben poner a disposición del público sus políticas de no sexismo, no discriminación, de igualdad de género y seguridad frente a la violencia en línea, y explicar sus prácticas, procesos de toma de decisiones.
Los Estados y las instituciones públicas y privadas, de acuerdo a sus atribuciones, deben garantizar la seguridad y la participación de las mujeres en las plataformas en línea.
Las mujeres deben ser incluidas cuando se discutan, diseñen y adopten políticas, leyes, tratados, normas comunitarias, tecnología y reglamentos.
La lectura y firma de la Declaración por la erradicación de los estereotipos de género en espacios públicos que se traducen en violencia simbólica y política contra las mujeres por motivos de género se hizo al término del encuentro.
AM.MX/fm
