CIUDAD DE MÉXICO.- La diputada Janine Patricia Quijano Tapia (PVEM) propuso reformas para que el Gobierno Federal, los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios, promuevan el diseño e implementación de acciones y programas que permitan el acceso gratuito y universal de las personas con discapacidad al servicio de transporte público.
La iniciativa, que plantea adicionar el artículo 20 Bis a la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, fue turnada a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables para su estudio y dictamen.
En la exposición de motivos señala que se busca brindar a este sector una tarjeta que le permita utilizar el servicio de manera gratuita, con el fin de ayudarles a ejercer su derecho a la movilidad urbana como una acción afirmativa en su favor.
Precisa que desde 2020 esta movilidad se elevó a rango constitucional y es reconocida como un derecho humano; desafortunadamente, las personas con discapacidad no pueden ejercerlo de manera plena.
Cita que los resultados del Censo de Población y Vivienda 2020 realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), reportan que hay 6 millones 179 mil 890 personas con discapacidad, 4.9 por ciento de la población del país. De ellas, 53 por ciento corresponde a mujeres y 47 por ciento a hombres.
Menciona que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) refiere que en el caso de México la movilidad se ha convertido en uno de los temas que las autoridades deben atender de manera prioritaria y aún pendiente de resolver.
Indica que la Ciudad de México, Durango y Querétaro cuentan con programas de acceso gratuito al transporte público masivo para este sector, al igual que ocurre con las personas adultas mayores, vía tarjetas especiales para su identificación.
Pero esto no es así en todos los estados y municipios, por lo que la discriminación persiste para casi cinco por ciento de la población. A las personas con discapacidad se les excluye de beneficios para facilitar su acceso al transporte.
La iniciativa puntualiza que el Legislativo tiene, en términos del artículo 4 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, la obligación de adoptar todas las medidas legislativas, administrativas y de otra índole que sean pertinentes para hacer efectivos los derechos reconocidos en dicho instrumento internacional.
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