CIUDAD DE MÉXICO.- Una sanción que vaya de seis meses a tres años de cárcel, propuso el senador priista Eruviel Ávila Villegas, para sancionar el acoso sexual en espacios públicos mediante acciones verbales y manoseos que provocan miedo, inseguridad o un ambiente hostil y ofensivo que sufren en su mayoría las mujeres.
Preciso que, en entidades como la Ciudad de México y Puebla, se han expedido normas para castigar este tipo de conductas, pero no existe una legislación general para tipificarlas. Por lo que propone que se sancione a quien cometa acoso sexual en espacios públicos de uso común o libre tránsito, así como en lugares privados de acceso público y vehículos destinados al servicio público de transporte.
Sugirió que esta pena que va de seis meses a tres años aumente hasta el doble, en caso de reincidencia y cuando dichas conductas se cometan por dos o más personas, en contra de menores de edad, de adultas mayores, mujeres con discapacidad o que no tengan capacidad para comprender el significado del hecho.
En los argumentos el legislador menciona que, durante el segundo semestre del 2021, que el 13.5 por ciento de la población de 18 años y más enfrentó alguna situación de acoso o violencia sexual en lugares públicos, de las cuales 20 por ciento fueron mujeres y 5.5 por ciento hombres, de acuerdo a los datos de la encuesta.
El 16.4 por ciento de la población de mujeres de 18 años y más señaló que le dijeron piropos groseros u ofensivos de tipo sexual o sobre su cuerpo que le ofendieron, mientras los hombres fueron 2.4 por ciento.
A nivel nacional, la población de mujeres de 18 años o más que durante el segundo semestre de 2021 enfrentó alguna situación de acoso y violencia sexual fue Colima con 36.5 por ciento; Chimalhuacán con 32.5 por ciento; Cuauhtémoc 31.6 por ciento; Veracruz 8.4 por ciento, Culiacán 7.2 por ciento y Los Mochis 5.2 por ciento, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana del INEGI.
La iniciativa plantea que el infractor realice actividades de servicio comunitario y reciba instrucción y sensibilización sobre derechos humanos e igualdad de género, en instituciones públicas dedicadas a la prevención de cualquier tipo de violencia de género.
Así como la obligación de los juzgadores de que para la determinación de la sanción correspondiente habrá de valorarse el caso concreto, tomando en cuenta lo estipulado en protocolos de actuación con perspectiva de género y de derechos humanos.
Eruviel Ávila también propuso que, en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, se incluya la obligación de los tres niveles de gobierno para implementar cursos de reeducación y sensibilización sobre igualdad, no discriminación y no violencia de género o nuevas masculinidades. La iniciativa fue turnada a la Comisión de Justicia y de Estudios Legislativos.
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