CIUDAD DE MÉXICO.- La senadora del PAN, Xóchitl Gálvez Ruiz propuso un punto de acuerdo para solicitar a la Secretaría de Gobernación (Segob), al Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) y al Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), un informe sobre el proceso de consulta realizado a pueblos y comunidades indígenas, respecto del “Tren Maya”.
Lo anterior, debido a que las acciones de consulta se realizaron del 15 de noviembre al 15 de diciembre de 2019, a través de asambleas regionales informativas y consultivas, en los estados de Chiapas, Tabasco, Campeche, Quintana Roo y Yucatán.
La senadora advirtió que el proceso presentó “vicios de fondo”, ya que no existen aún estudios de impacto ambiental, por lo que es imposible que los pueblos y comunidades de la región, cuenten con información certera sobre las afectaciones al medio ambiente por las obras de dicho proyecto.
Este solo hecho, dijo, debería invalidar por completo el ejercicio de participación, pues es evidente que se basó en “conjeturas, suposiciones y buenos deseos, pero sin certeza sobre el impacto ambiental real”, aseguró.
Aunado a ello, indicó que la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, informó mediante un comunicado que el proceso de consulta que se llevó a cabo no cumplió con los estándares internacionales de derechos humanos que norman los diálogos interculturales.
Solo fue un mecanismo para establecer acuerdos respecto de la participación que los pueblos y comunidades tendrán en el proyecto, lo que contraviene el carácter previo de la consulta y del consentimiento, precisó.
Xóchitl Gálvez advirtió que la “consulta indígena”, se encuentra lejos de cumplir con los requisitos que un mecanismo consultivo intercultural exige y, “por ello, es fundamental que esta soberanía conozca de primera mano sus pormenores”.
En este sentido, es que la senadora a través del punto de acuerdo solicita que la información que se remita debe contener las actas y minutas de las asambleas informativas y consultivas regionales; una descripción clara y precisa sobre las fases del proceso; los mecanismos utilizados para garantizar los derechos de los pueblos indígenas, así como el cumplimiento de los estándares internacionales en materia de consulta que se usaron.
La información también debe anexar copia de la información que se entregó a los pueblos y comunidades indígenas; los acuerdos que adoptaron con cada pueblo y comunidad y el método que se usó para determinar dónde y cuándo hacer las asambleas y la convocatoria.
Es fundamental conocer de primera mano la información detallada del proceso de consulta en mención y así poder realizar una evaluación certera, puntualizó la legisladora.
El punto de acuerdo se encuentra publicado el Gaceta de la Comisión Permanente del 8 de enero.
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