CIUDAD DE MÉXICO.- El senador Clemente Castañeda, coordinador de Movimiento Ciudadano (MC) en el Senado, solicitó que el Órgano Interno de Control investigue los donativos que recibió Gerardo Fernández Noroña, senador por Morena, a través de redes sociales, los cuales, según sus propias declaraciones, le permitieron adquirir una propiedad valuada en 12 millones de pesos.
La frase clave “donativos bajo la lupa” enmarca esta creciente controversia.
Durante una conferencia, Castañeda señaló que ningún funcionario público puede aceptar donativos o regalos sin justificar su procedencia. “Si se demuestra que hubo ingresos irregulares, el Senado debe actuar con firmeza”, enfatizó. Añadió que no se trata solo de transparencia individual, sino de proteger la integridad de las instituciones públicas.
De acuerdo con el periodista Jorge García, Fernández Noroña habría recibido alrededor de 6.7 millones de pesos en donativos a través de YouTube. Sin embargo, esos ingresos no figuran en sus declaraciones patrimoniales. Esta omisión, de confirmarse, podría constituir una violación a la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
Señalan posibles irregularidades en ingresos por redes sociales
Además, el marco legal es claro. El artículo 52 de dicha ley prohíbe a cualquier servidor público aceptar beneficios que puedan considerarse cohecho. Por su parte, el artículo 89 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos exige que los obsequios o donativos cuyo valor supere diez veces el salario mínimo diario se reporten y se entreguen a la autoridad correspondiente.
El problema se agrava debido a la opacidad de las plataformas digitales. En YouTube, por ejemplo, los usuarios pueden hacer donaciones desde cuentas anónimas o con nombres ficticios, lo cual dificulta rastrear la identidad de los donantes y el destino del dinero. Este vacío de control plantea riesgos cuando involucra a funcionarios con cargos de alto nivel.
Desde que trascendió el valor de la propiedad, Fernández Noroña ha rechazado cualquier irregularidad. Afirma que los fondos utilizados para la compra provienen de su salario y ahorros personales. Además, ha calificado la información difundida como parte de una campaña en su contra.
Mientras tanto, la presión pública crece. Diversos sectores demandan claridad y rendición de cuentas, en un contexto donde la relación entre redes sociales y financiamiento político sigue siendo difusa. Por ello, con los donativos bajo la lupa, el caso Fernández Noroña podría sentar un precedente sobre cómo deben regularse estos ingresos en la política mexicana.
AM.MX/fm
