CIUDAD DE MÉXICO, 29 de noviembre (AlmomentoMX).- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) solicitó a autoridades de los tres niveles de gobierno implementar medidas cautelares en favor de casi cuatro mil personas de los municipios de Chenalhó y Chalchihuitán, Chiapas, víctimas de desplazamiento forzado por violencia en esa zona.
Además, por desplazamiento precipitado ante la violencia generada y que impera en el lugar como consecuencia de un conflicto entre habitantes de ambos ayuntamientos, con la finalidad de proteger su integridad física, e incluso su vida.
Se trata de personas desplazadas que dejaron sus lugares de residencia de manera precipitada para proteger su integridad física y su vida, por lo que es necesaria su inmediata protección y resguardo para satisfacer sus necesidades básicas al encontrarse en situación de riesgo extraordinario, informó el organismo nacional en un comunicado.
Ante ello, dirigió un oficio al subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), Roberto Campa Cifrián; al titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), Jaime Rochín del Rincón, y al secretario general de Gobierno de Chiapas, Juan Carlos Gómez Aranda.
Además, a los presidentes municipales de Chenalhó, Rosa Pérez Pérez, y de Chalchihuitán, Martín Gómez Pérez, respectivamente.
En los oficios les solicita que, de acuerdo con sus competencias y de forma coordinada entre las autoridades de los distintos órdenes de gobierno, se realice un censo de las personas víctimas del desplazamiento forzado interno por los hechos de violencia mencionados.
De igual forma, se les pide garantizar la satisfacción de sus necesidades básicas de alimentación, salud y alojamiento, además de que se les brinde protección y resguardo, ante el estado de vulnerabilidad en que se encuentran.
La CNDH pidió además garantizar su derecho a la integridad física, e incluso su vida, y que mientras subsista el desplazamiento se prevean los lugares de alojamiento temporal en condiciones dignas y se les brinde el acceso a los servicios de salud, educativos y la orientación jurídica que requieran.
Otra de las peticiones a las autoridades es que lleven a cabo las acciones necesarias dentro del marco jurídico que permitan solucionar los hechos de violencia referidos, privilegiando el diálogo y mediación entre las partes.
Ello, a fin de evitar hechos de violencia, con independencia de donde puedan provenir, para que en el menor tiempo posible puedan tener un retorno seguro y duradero a sus comunidades de origen.
Sin prejuzgar las cuestiones de fondo y al considerar que se reúnen los requisitos de riesgo extraordinario, urgencia e irreparabilidad del daño, la CNDH solicitó la implementación de medidas cautelares para salvaguardar los derechos humanos de esas personas, durante el tiempo que se requiera.
El objetivo es evitar la consumación irreparable de hechos violatorios y de daños de difícil o imposible reparación.
La solicitud de medidas cautelares tiene su fundamento en lo dispuesto en los artículos 40 de la Ley de la CNDH, así como 116, 117 y 118 de su Reglamento Interno, por lo que las autoridades tienen 24 horas para responder a ese requerimiento.
AM.MX/fm
