Por Federico Berrueto
El presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, calificó como “especulación perversa” las expresiones en medios respecto al retiro de visa por parte de las autoridades estadounidenses a la gobernadora de Baja California, María del Pilar Ávila. Un hecho sin precedentes que ha generado amplia cobertura mediática. Sin embargo, mucho de lo que se dice es efectivamente especulación, ya que las autoridades norteamericanas no han ofrecido información oficial, como suele ser el caso en estos asuntos. La acusación de “perversidad” es una interpretación del legislador, al igual que las afirmaciones de que existe una campaña en contra de la gobernadora, la respuesta fácil y elusiva a todo cuestionamiento.
La presidenta Sheinbaum confirmó que no hay información oficial de las autoridades norteamericanas sobre el caso, presente en muchos de los asuntos de seguridad, que entraña desconfianza de aquellas. Cerrar filas entre morenistas es común en el obradorismo cuando una situación crítica afecta a uno de sus miembros. Ocurrió con el senador Salgado Macedonio, acusado de violación; con el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, implicado en encubrimiento en el asesinato de su rival político; el diputado y exrector Melesio Cuén, y con Cuauhtémoc Blanco, acusado de abuso sexual. Estos y otros casos reflejan un patrón de impunidad que se repite y que contradice la prédica moralista del obradorismo.
La ausencia de información oficial es el origen de la especulación. La gobernadora María del Pilar tiene razón al señalar que el retiro de visa no prueba culpabilidad ni constituye una imputación. Sin embargo, no es un asunto menor. Por su jerarquía política, las autoridades mexicanas deberían solicitar información al gobierno estadounidense. Más aún cuando la presidenta ha admitido que existen otros casos, lo que sugiere que su administración ya estaba al tanto de esta situación, premonitoria de tormenta.
El caso es relevante no solo por tratarse de una gobernadora, sino también por el contexto de creciente intervención estadounidense. Desde el mandato de Trump, el intervencionismo ha adoptado nuevas formas: no se necesitan soldados en territorio mexicano para que se haga presente la interferencia y afectación de la soberanía. El gobierno mexicano erróneamente acepta procesos judiciales en cortes norteamericanas basados en testimonios de testigos protegidos, permite el traslado de criminales sin respetar el tratado de extradición o tolera labores de espionaje en el espacio aéreo nacional.
La declaración de los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas amplía el margen de actuación de las autoridades estadounidenses, especialmente en el ámbito de inteligencia. La complejidad de la situación, palabras de la gobernadora María del Pilar, es evidente. Las acusaciones de debilidad y connivencia del gobierno mexicano frente a los grupos criminales, realizadas por Trump y sus colaboradores, agravan el panorama. A esto se suma una investigación de tres años sobre el huachicol, tráfico de combustibles robados y evasión fiscal, en el que se presume la complicidad de funcionarios de PEMEX, autoridades aduanales y políticos de alto nivel. La información proviene de un testigo protegido quien fue alto funcionario aduanal, hermano del llamado rey del huachicol, Sergio Carmona, financiador de campañas de gobernador, ejecutado en noviembre de 2021 en San Pedro Garza García en sospechoso operativo.
Recientemente, grandes cantidades de combustible fueron incautadas gracias a información proporcionada por autoridades estadounidenses. A pesar de la gravedad del problema, no se han registrado detenciones significativas. Es posible que las investigaciones sigan su curso, pero la realidad es que los avances se deben a las autoridades estadounidenses, no a las mexicanas.
La expresión “el elefante en la mesa” utilizada por un magistrado electoral para describir la influencia del crimen organizado en las elecciones es metáfora de lo que las autoridades prefieren ignorar. La descomposición de la vida pública y la rampante impunidad alimentan la especulación —perversa, benéfica o legítima— sobre los vínculos entre gobernantes y criminales.
La política de “abrazos, no balazos” ha dejado un lamentable legado de impunidad y expuesto a la sociedad ante sus peores enemigos. La ausencia de justicia abre la puerta a la venganza pública, disfrazada de maledicencia. Pero el problema no puede resolverse con rumores o acusaciones infundadas. Las autoridades deben actuar: investigar y, si es necesario, sancionar a los responsables, sin importar su posición.
De lo contrario, México quedará expuesto a un intervencionismo punitivo por parte de Estados Unidos, que podría imponer sus propias reglas bajo el pretexto de proteger su territorio. Declarar a los cárteles mexicanos como terroristas otorga a Washington una licencia peligrosa para intervenir. Negar esta realidad no solo es irresponsable, sino también extremadamente riesgoso para el país.
