fbpx Perredistas piden crear Fiscalía Especial para investigar caso Ayotzinapa | Almomento | Noticias, información nacional e internacional
MÉXICO, D.F., 06SEPTIEMBRE2015.- el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), nombrado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos entregó las primeras conclusiones en torno a la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa el pasado 26 y 27 de septiembre del año anterior. Una de las conclusiones finales, según lo comunicado ante medios, es que los normalistas “no fueron cremados en el basurero de Cocula”. FOTO: MARÍA JOSÉ MARTÍNEZ /CUARTOSCURO.COM
(FOTO: CUARTOSCURO)

CIUDAD DE MÉXICO, 8 de septiembre (Al Momento Noticias).- El Informe sobre el Caso Iguala/Ayotzinapa sobre la desaparición forzada de los estudiantes normalistas de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos y las ejecuciones extrajudiciales de seis personas, ocurridos el 26 de septiembre de 2014, presentado el día de ayer por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (GIEI-CIDH) coloca en el centro del debate público, las fallas estructurales del sistema de justicia penal en nuestro país, y especialmente en las investigaciones ministeriales, periciales y policiales sobre estos terribles acontecimientos y obliga al Partido de la Revolución Democrática a asumir la responsabilidad que le corresponda, así como a establecer una postura sobre el mismo, señaló el grupo Patria Digna.

Indicaron que los familiares han exigido, desde enero pasado, que la investigación, no se dé por concluida porque para ellos no era confiable el desarrollo de las diligencias realizadas, particularmente, han cuestionado que se haya detenido la búsqueda y localización de sus seres queridos.   Esto hace mandatorio que se sigan desarrollando las acciones de búsqueda y localización de los estudiantes desaparecidos hasta lograr la mayor certeza jurídica y científica sobre el paradero de los jóvenes.

Manifestaron que las omisiones en las investigaciones ministeriales, periciales y policiales que han sido develadas por el Informe del GIEI-CIDH exige, como se recomienda por el mismo documento, el replanteamiento de la investigación para realizar todas las diligencias sustantivas que fueron omitidas por la autoridad investigadora en tiempo y forma, así como realizar todas aquellas diligencias que se derivan de las nuevas líneas de investigación que fueron planteadas por el equipo de expertos de la CIDH.

En razón de ello, dijeron, se debe crear una Fiscalía Especial Autónoma de las autoridades de procuración de justicia que hasta el momento han desarrollado las investigaciones.  Esta fiscalía deberá ser encabezada por un o una jurista de reconocido prestigio e independencia; se le deberá dotar de recursos financieros, materiales y humanos suficientes, con plena libertad para elegir el equipo de personal sustantivo (ministerial, pericial y policial) para el desarrollo de la investigación.

El Informe en comento señala que el grupo de expertos de la CIDH “se ha formado la convicción de que los 43 estudiantes no fueron incinerados en el basurero municipal de Cocula” como en su momento fue señalado por la versión oficial.  La contundencia de esta afirmación que descalifica lo que en su momento fue llamado “verdad histórica” y, por otra parte, la existencia de opiniones científico forenses de que han expresado discordancia con este señalamiento, obliga a que la fiscalía autónoma que se propone, convoque a un equipo forense de expertos internacionales que realice una diligencia que permita hacer una recreación científica de los hechos ocurridos en el basurero de Cocula para esclarecer la verdad con la mayor certeza que la ciencia ofrezca.

“Ésta ha sido la investigación más relevante que se ha desarrollado por el actual gobierno federal en materia de derechos humanos, la más delicada por la dolorosa realidad de los hogares y familias a las que les falta un ser querido en casa porque se desconoce su paradero o porque fueron asesinados por policías municipales en connivencia con un grupo delincuencial que tenía el apoyo, vergonzoso para el PRD, de un presidente municipal emanado de las filas del partido”.

Agregaron que ello hace que sea una asignatura pendiente para el gobierno federal y para el Estado mexicano la construcción del derecho a la verdad, el acceso a la justicia, las garantías de no repetición y la reparación integral.  Es fundamental que el gobierno cumpla todas las recomendaciones para la búsqueda y localización, la investigación objetiva, imparcial e independiente para llevar a todos los presuntos responsables ante la justicia y que en este proceso, se logre su consignación por el delito de desaparición forzada de personas y por ejecuciones extrajudiciales.

“Así también para el PRD valida la decisión de haber incluido en la resolución del Consejo Nacional celebrado en agosto, la determinación de no dar por concluido el caso y, más allá, convierte en un imperativo ético se debe asumir la responsabilidad que corresponda, el deslinde y las acciones partidarias correspondientes a quienes por omisión o comisión fueron participes de llevar a la presidencia municipal de Iguala a un candidato de dudosa trayectoria”.

Indicaron que también hay responsabilidades institucionales por las omisiones en la investigación, en el esclarecimiento del paradero de los estudiantes normalistas y en el cumplimiento de los derechos de las víctimas a una atención digna y respetuosa señalados en la Ley General de Víctimas, por ello, creemos necesario que el gobierno federal no sólo dé cabal cumplimiento a las recomendaciones, sino que deslinde las responsabilidades y se sancione conforme a derecho a quienes no cumplieron con los mandatos constitucionales en cuanto al debido proceso y la debida diligencia.

Patria Digna, señaló que el Informe del GIEI-CIDH, como decíamos al principio, pone en el debate nacional la existencia de un sistema de justicia penal incapaz de realizar una investigación diligente, objetiva e imparcial; nos cuestiona sobre la urgencia de avanzar hacia la implementación del nuevo sistema de justicia acusatorio, oral y adversarial; de realizar una reforma estructural de los servicios forenses y atender la exigencia de su autonomía e independencia; de construir el marco normativo, conforme los más altos estándares internacionales, para investigar la desaparición forzada y la desaparición cometida por particulares, así como el protocolo que conduzca todo el proceso desde la búsqueda y localización, diligencias ministeriales, periciales y policiales y de atención y reparación a víctimas.

Finalmente señalaron que el Informe sobre el Caso Iguala-Ayotzinapa nos dice que en este país hay impunidad sistémica, la ausencia de una verdadera prevención social de la violencia y de la delincuencia, la carencia de una voluntad de construir una política de Estado que reconozca la crisis humanitaria y de violencia que vivimos y lo que no se reconoce no se combate ni se construye la acción de Estado que se respeten los derechos humanos y la dignidad de la persona.

AMN.MX/fm

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