Francisco J. Siller
Declaraciones de Peter Cerdá, vicepresidente para las Américas de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) en sentido de que iniciar la construcción del aeropuerto de Santa Lucía sin considerar la retroalimentación de las aerolíneas, es un gran error. Hay información tardía e incompleta. La industria aeronautica nacional e internacional debe ser tomada en cuenta.
Adicional a esta opinión está la postura de las cuatro principales aerolineas latinoamericanas: Aeroméxico, Copa Airlines, Avianca y LATAM Airlines, empresas que requieren operar en un solo aeropuerto por su modelo de negocio. Por ello hay resistencia a fragmentar sus operaciones, como contempla el proyecto –Santa Lucia-CDMX-Toluca– aeroportuario del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Pero ello no parece importar al presidente, El Lunes en la “mañanera”, presumió los avances en Santa Lucía. Pistas, terminal, torre de control y estacionamientos, y eso que apenas hace unos días arrancó la obra. “No es con ánimo de confrontar, pero es como para decir suave, tengan para que aprendan”. Ojalá al final no sea él al que se aplique su desafiante frase, dirigida a sus enemigos conservadores y reaccionarios.
¿Porqué el rechazo a ésta obra insignia del actual gobierno?
Muy simple. El problema es la conectividad y la distancia, pero sobre todo el doble costo que significa para las aerolinas operar de forma paralela en dos o tres sitios diferentes. Los pasajeros, como consumidores finales serán los que paguen los platos rotos –y una transportación cara y tardada–, es decir serán que corran con los costos superlativos que seguramente acarreará este tipo de operación aérea.
Cerdá señaló que el escenario para Santa Lucía es complicado, en buena parte porque que se desconoce como se llevará a cabo la readaptación del espacio aéreo, y los planes de edificación y los tiempos de ejecución aún no están claros, por más que insista López Obrador que no hay obstáculos que lo retrasen. Una cosa es el discurso y otra la realidad de este proyecto.
Para la IATA en el proyecto de Santa Lucía importa el tiempo, ya que se tiene que cumplir con la certificación del nuevo aeropuerto y solicitar a la Asociación el código del aeropuerto. Y esto significa un gran problema, pues si no se cumple con todos los requisitos, éste podría ser negado o retrasado.
Para el Aeropuerto de Texcoco, se efectuaron estudios complejos, que requirieron de una preparación que llevó casi tres sexenios, se planeó con detenimiento para contar con un aeropuerto que fuera líder en Latinoamerica, pensado para una funcionalidad a 50 años. Santa Lucía, solo tiene una planeación de meses –faltan estudios– y una durabilidad incierta, como muchos aspectos que lo rodean.
Habría que tomar en cuenta a los especialistas que han destacado que el proyecto de hub aeroportuario porpuesto por el gobierno está muy lejos para servir de apoyo al actual aeropuerto y muy cerca para no afectar el tráfico aéreo. Entre otras es que carece de capacidad para expandirse y cubrir las necesidades futuras.
López Obrador logró tumbar los amparos contra la construcción al declarar al Aeropuerto de Santa Lucía como de “seguridad e interés nacional”, sin embargo queda uno por resolver ya que la Sedatu declaró como terrenos nacionales cuatro polígonos de más de 700 hectáreas en el municipio de Nextlalpan, Estado de México, que ahora siguen un juicio de amparo, en el que la autoridad es acusada de despojo.
La dependencia federal publicó –el 26 de abril de 2019–, la Declaratoria de Terreno Nacional de tales polígonos en el Diario Oficial de la Federación (DOF), sin verificar si existía propiedad privada. El juzgado decimotercero de distrito del segundo circuito del Estado de México, con sede en Naucalpan, concedió la suspensión definitiva para que no se construya en esos terrenos.
Los propietarios pudieron acreditar ante la autoridad la legítima propiedad de los terrenos que se ubican en la “zona de amortiguamiento acústico” del aeropuerto de Santa Lucía. Desde luego, la Dirección General de la Propiedad Rural de la Sedatu promovió un recurso de revisión que está aún pendiente en el escritorio del Juez.
Este amparo se anexa a otro que obliga tomar todas las medidas necesarias para que lo construido en Texcoco no se deteriore, por lo que el gobierno federal esta obligado a dar mantenimiento y en su caso pensar en que utilizar ese terreno.
Así que Santa Lucía podría convertirse en un “elefante blanco”, al igual que el de la refinería de “Dos Bocas”, donde una buena parte del terreno se inundó por las fuertes lluvias y aún cuando López Obrador insista en que no pasa nada, la selección del terreno fue errónea. Aquí no hay amparos en contra, sino las leyes naturales. El agua siempre busca su camino.