Francisco J. Siller
El logotipo –un puño cerrado en actitud de agresión– de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, pinta el retrato vivo de lo que es esa organización. Un grupo de choque que pretende el control magisterial. Su obsesión por el control de las plazas y presupuestos los lleva a enfrentarse con los legisladores, sin importar cual sea la calidad de la educación que ofrecen a los educandos.
La reforma educativa aprobada en mayo pasado –que deja sin efecto a la promulgada por Enrique Peña Nieto– dispone que para ser profesor y promocionarse a cargos superiores se debe partir de procesos transparentes, publicos y en equidad de condiciones. Ello contradice el asunto del pase automático de normalistas, que el presidente Andrés Manuel López Obrador se adjudicó como propio.
Las leyes secundarias que debieron aprobarse –como límite legal el 12 de septiembre– la semana pasada quedan en el aire a causa de los bloqueos a San Lázaro implementados por las huestes de la CNTE que hicieron valer ese “puño duro” que impidió la labor legislativa, para llevar su negociación no al debate camaral, sino a Palacio Nacional, en una franca violación al pacto político de la separación de poderes plasmado en la Constitución.
La discusión política de la coordinadora y el aval que desde el despacho presidencial se le da al tema educativo deja de lado los aspectos más importantes relativos a que aprenden los niños y como lo aprenden mejor. De ahí la importancia que sean los mejores candidatos, los que accedan a las plazas y no de forma indiscriminada, como se ha planteado en los últimos días.
Hasta ahora nadie ha hablado de mejorar las condiciones de las escuelas normales del país –olvidadas presupuestalmente– e implementar planes de estudio adecuados a la educación que los niños requieren, para que de esas instituciones se graduen verdaderos maestros, con vocación y preparación. Que las normales dejen de ser centros de agitación y donde las demandas se centran mayormente en lo político y no en lo educativo.
Otra de las grandes contradicciones del gobierno de López Obrador esta en el discuro por revalorizar el trabajo de los docentes, pero en lo operativo, el presupuesto presentado al Congreso de la Unión para 2020, se recortan los recursos dirigidos a las escuelas normales y a otros aspectos educativos. Y ello es uno de los principales obstáculos para implementar una verdadera reforma a la educación en México.
Ello sin tomar en cuenta que el presidente solo habla con un grupo político representado por la coordinadora, lo cual nos lleva a un panorama verdaderamente complicado y del que no se ve una fácil salida, a menos que éste ceda ante los caprichos de los disidentes magisteriales. Además el Gobierno Federal debe transparentar los acuerdos a los que ha llegado con este grupo magisterial, con el que ha reunido ya en ocho ocasiones.
La Coordinadora de Trabajadores de la Educación se formó 1979 y en tiempos de la presidencia de Carlos Salinas de Gortari y se uso como punta de lanza para desbancar del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educacion a Carlos Jongitud y que propicio el ungimiento de Elba Esther Gordillo al sindicato magisterial. Al final eso fue lo que propició una radicalización de la facción disidente.
Al paso de los años, la CENTE se fortaleció principalmente en el Estado de Oaxaca, seguido por Chiapas y Michoacán y por sus delegaciones en diversas entidades. Sin embargo la culminación de su movimiento político se da en 2013 a raiz de la Reforma Educativa emprendida por Peña Nieto en el sexenio pasado. Comenzó una lucha, legítima o no, que hoy no concluye y no acabará a menos que López Obrador doble las manos.
Sus demandas siguen siendo las mismas, con pocas variantes que las que tenían en 2015. Alguna de ellas logradas, como la abrogación de la Reforma Educativa –lo cuál hizo López Obrador en aras de los votos que le significaron el apoyo de la coordinadora–, y otras aún en proceso como el incremento en la matricula de las normales y la asignación de plazas a los egresados, así como el aumento salarial y la democracia sindical.
Ahora el tema es si los legisladores permitirán que la coordinadora les dicte que hacer con las leyes secundarias. Fue claro que al llegar la fecha límite para emitirlas, los maestros que se apostaronen San Lázaro lo hicieron para impedir que se aprobaran por los diputados, mientras sus líderes negociaban directamente con el presidente López Obrador. Eso ya lo veremos el miércoles cuando se reanuden los trabajos del pleno.
Seguramente este miércoles los tendremos de regreso…
