Francisco J. Siller
Entre esta semana y la próxima, las autoridades de salud decretarán la fase 3 de la epidemia del COVID-19 en México. Es el momento de la verdad, cuando se conozca si hubo acierto o desacierto en las medidas y preparativos del gobierno federal para enfrentar esta emergencia.
Estimaciones de la Secretaría de Salud señalan que hay en estos momentos más de 48 mil quinientos casos de COVID-19, ocho veces más grande de lo que se reporta, eso porque de los más de cuatro mil 661 casos confirmados se cree que por cada uno de ellos, hay 12, que no han acudido al médico o que han sido diagnosticados erróneamente.
Un panorama nada halagador, sobre todo porque el gobierno federal por si solo, no tiene la capacidad para atender a un número tan grande de infectados, pues solo dispone de 356 unidades de terapia intensiva con 2 mil 446 camas, aunque la capacidad instalada sea de más de 49 mil camas de hospital, actualmente ocupadas.
Igual ocurre con el sistema hospitalario privado, que puso a disposición alrededor de 10 mil camas, pero de ellas, sólo 700 son de terapia intensiva y que actualmente tienen una ocupación por otro tipo de padecimientos, del 80 por ciento, lo que significa una limitación importante.
Sin embargo el panorama al que se enfrenta México, no es solo de salud, al declararse la fase tres, habrá un endurecimiento de las medidas sanitarias que impactarán de lleno en la economía de las empresas y por ende de las familias. Datos de IMSS, señalan que al fin de semana anterior, en marzo se habían perdido ya 130 mil empleos formales.
Números que contrastan con datos de la Secretaría del Trabajo que dio a conocer que entre el 13 de marzo y el 31 de ese mes se perdieron 198,000 empleos. Sin embargo, adicionales en lo que va de abril, son 148,845 los despedidos. Las seis entidades con mayor pérdida de empleo son: Quintana Roo; Ciudad de México; Nuevo León; Jalisco; Estado de México y Tamaulipas.
En su mañanera del 8 de abril, Andrés Manuel López Obrador consideró que los empleos perdidos representan solo el 1.7% de los 22 millones de empleos registrados en el país. Piensa que su gobierno va a crear a diciembre de este año dos millones de nuevos empleos, pero no tiene un plan sólido para apoyar a la planta productiva.
Sobre todo que de las más de seis millones de micros y medianas empresas que tiene el país, se ha calculado que más de la mitad estarán quebradas al final de la epidemia del COVID-19 y el número de desempleados podrá crecer hasta un 25 por ciento de la planta laboral formal, es decir unos 5.5 millones.
Hasta ahora las autoridades federales han mostrado oidos sordos a los reclamos del sector privado que ayer lanzó una nueva advertencia a través del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP), al señalar que la actividad económica está en riesgo de decrecer, entre el 3 por ciento y un doble dígito.
Los especialistasa del CEESP señalan que no facilitar la operación de las empresas en estos tiempos, y más aún, utilizar prácticas intimidatorias o persecutorias, simplemente aumentará el encono social en contra de ellas, sin ningún beneficio palpable para el empleo productivo y para la capacidad productiva del país.
Sin embargo, el presidente López Obrador, ve las cosas de forma diferente. Piensa en crisis transitorias, pasajeras, pues además de sus dos millones de empleos, que va aumentar la recaudación fiscal, todo basado en el eje de sus programas sociales, la inversión pública, su honestidad, y la austeridad republicana que promueve.
Así la crisis de salud provocada por el COVID-19, podría pasar a un segundo término en los próximos 90-120 días, cuando se levante la emergencia sanitaria, que seguramente dejará grandes estragos entre la población, pero no tantos como enfrentar a una economía fallida o a un sexenio perdido.
