Francisco J. Siller
El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que el país entrerá en una “nueva normalidad a partir del 1 de junio, cuando se reiniciarán las actividades en 269 municipios –los más pobres– de 15 estados, donde se establecerán cercos sanitarios. Sin embargo el fin del confinamiento está lejos de levantarse en el resto de las entidades.
Como es costumbre, la presentación del plan de recuperación en la mañanera de este miércoles, quedó en el discurso, sin que se expusiera un análisis conciensudo de la realidad que enfrentamos, por lo que como siempre ocurre, quedan más dudas que claridades.
Eso sí, el uso de términos y definiciones –nueva normalidad, municipios de la esperanza– no dejan duda que el gobierno federal le sigue apostando a su afirmación de que está remontando la crisis sanitaria, en un momento en el que los casos acumulados supera los 38 mil 324, y el registro de un promedio de mil 360 infectados por día.
Además de un incremento en el número de fallecimientos –de acuerdo a datos de la SSA–, que consigna en los últimos siete días un mínimo de 193 y un máximo de 353 por cada día que pasa, con un total de mil 419, lo que da un promedio diario de 202, eso sin contar la creciente demanda de camas de hospital.
No puede celebrarse con bombo y platillo que esos municipios denominados “de la esperanza” reanudarán actividades, cuando los procesos productivos se encuentran en las zonas de más alto contagio y la mobilidad de sus habitantes –que no podrá restringirse– los ponen en peligros de sufrir brotes infecciosos.
Para esta mañanera esperabamos que se informara a profundidad de la reunión del martes por la noche del Consejo de Salubridad General que aprobó cuatro acuerdos para el levantamiento progresivo de las medidas de contención frente al Covid-19 y que se explique cuales serán las acciones del gobierno para la reactivación económica.
Por ejemplo, no se informó que a la lista de actividades esenciales se incorporarán a partir del 1 de junio, la construcción, minería y fabricación de equipo de transporte, ni se profundizó en como se aplicará el semáforo semanal para la reanudación de actividades productivas.
Otro aspecto al que faltó profundidad fue el dar a conocer cuales deben ser las medidas sanitarias que deben respetar de forma obligatoria todas las empresas y establecimientos comerciales en este regreso a la “nueva normalidad”. Se habló que serán preparadas por la Secretaria de Salud, seguramente en los próximos días.
A la mañanera acudieron además de los secretarios de Salud, Economía, Educación y Trabajo, los gobernadores de la Cdmx, Edomex, Oaxaca y Quintana Roo, que en síntesis hicieron un reconocimiento a la ciudadanía que ha respetado la jornada” de sana distancia”.
En otro tema, está el regreso de las fuerzas armadas a las calles para garantizar la seguridad de la ciudadanía solo significa que la Guardia Nacional no ha cuajado como pudiera esperarse y el fracaso de la política de abrazos y no balazos –que ha costado a este sexenio más de 45 mil muertes–, no está dado los resultados prometidos.
Allá en Palacio Nacional la militarización del país queda como única salida para enfrentar de nuevo al crimen organizado, aún cuando existan diferentes lecturas del porqué se tomó la decisión de sacar al ejército y la marina de los cuarteles. Lo que sí derrumba la crítica al expresidente Felipe Calderón por haberlo hecho en el 2006.
Habrá quien piense que es una nueva cortina de humo para generar debate y bajarle dos rayitas a las criticas sobre la crisis económica y el desempleo que dejará en México la pandemia del COVID-19, sobre todo porque es una contradicción a la política instrumentada a partir de diciembre de 2018.
Tras el retorno de las fuerzas armadas a las calles está desde luego la presión al gobierno mexicano por los Estados Unidos para poner un alto al irrefrenado trasiego de drogas y a los nulos resultados por debilitar a los carteles del crimen organizado, que están llenando el vacío que la autoridad ha dejado por su inacción.
Además, a 17 meses de este gobierno, la Guardia Nacional no se ha logrado consolidar, ni cumplir con los objetivos de investigación e inteligencia para la prevención de los delitos, en parte porque se le han asignado tareas diferentes a la seguridad pública, como ha sido la contención de migrantes en las fronteras y la falta de reclutamiento.
Además, si el gobierno federal combatiera al narcotráfico y la violencia con el mismo denuedo que aplica a los corruptos neoliberales, a la prensa que lo critica, o a los empresarios –con los que nunca está de acuerdo– y a sus enemigos conservadores, seguramente habría resultados tangibles.
Y para concluir una felicitación a los integrantes del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por declarar inválida a la llamada “Ley Bonilla”, e impedir el peor fraude a la democracia mexicana por el gobernador morenista de Baja California, Jaime Bonilla, que pretendió ampliar su mandato de dos a cinco años.
