Francisco J. Siller
La Secretaría de Salud publicó en el Diario Oficial la adhesión de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) a la subsecretaría a cargo del doctor Hugo López Gatell, situación que pone en riesgo su certificación internacional y su autonomía.
El anuncio de la publicación del acuerdo firmado por el secretario de Salud, quita cualquier obstáculo para la importación de medicamentos sin que se tenga que cumplir con todos los requisitos reglamentarios, que consumen tiempo, visitas al extranjero y pruebas de laboratorio.
La Cofepris tiene como misión proteger a la población contra riesgos a la salud provocados por el uso y consumo de bienes y servicios, insumos para la salud, así como por su exposición a factores ambientales y laborales y la prestación de servicios de salud mediante la regulación, control y prevención de riesgos.
Sin embargo, la dependencia —reconocida a nivel internacional a la altura de la FDA norteamericana— tiene injerencia en establecimientos, productos y servicios representativos del 14 por ciento del PIB nacional, por su amplio ámbito de acción y no solo en el renglón de medicamentos.
Para ser claros, la Comisión Federal regula 44 centavos de cada peso que gastan los hogares en México, a través de tres sectores: alimentos, bebidas y tabaco; artículos para el cuidado de la salud; así como artículos para el cuidado personal, de ahí su importancia..
La Cofepris vigila además, farmacias, fábricas y almacenes de medicamentos y dispositivos médicos, suplementos alimenticios, remedios herbolarios, fórmulas para lactantes, ambulancias, laboratorios clínicos; hospitales, clínicas, consultorios y autoriza nuevos medicamentos y en su caso, la importación de éstos.
Esta dependencia autónoma, junto con otras 12 quedan a cargo de la subsecretaría del doctor López Gatell, junto con la Comisión Nacional Contra las Adicciones (Conadic) y otros organismos desconcertados, lo que da al funcionario un poder enorme, que lo saca incluso de su ámbito que es la epidemiología.
De inmediato se levantaron las voces contra el acuerdo emitido el pasado 18 de agosto por el secretario Jorge Alcocer Varela, quien también se adjudicó el control directo de nueve unidades administrativas y órganos desconcertados. La publicación en el DOF fue sorpresiva.
La Coparmex, en voz de su presidente, Gustavo de Hoyos dijo que dicho acuerdo es ilegal pues contraviene la autonomía administrativa, técnica y de gestión que le da la Ley General de Salud, por lo que primero se requiere de pasar por el Congreso de la Unión, para que sea modificada.
Opinión que coinciden especialistas, entre ellos el exsecretario de Salud, Salomón Chertorivski, que consideran que una acción de este tipo nos regresa a la década de los 70’s, cuando la Cofepris era una dirección general de la SSA, además del riesgo de que se pierda su certificación internacional.
Otra voz es la de Patrick Devlin, presidente de la Comisión de Salud del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) quien dijo que el órgano regulador debe operar con independencia y contar con capacidad técnica y operativa para asegurar la eficacia de la calidad de los productos, como lo exige la OMS.
La cofepris obtuvo en 2012 la certificación internacional de la Organización Panamericana de la Salud, lo que le permite ser un regulador internacional de referencia, lo que da reconocimiento internacional a los registros sanitarios otorgados en México.
Ello también permite a los fabricantes mexicanos de productos calificados por la Cofepris, exportarlos a otros mercados que reconocen en automático los registros del regulador mexicano, sin mayor trámite y de ahí la importancia de no perder la certificación como regulador internacional de referencia.
Para López Gatell el mantener un control férreo de la Cofepris representa también el éxito en su guerra contra refresqueras —ese veneno embotellado— y que la comida chatarra no llegue a niños y jóvenes, incluso sin necesidad de que se legisle sobre el particular como ya se hace en Oaxaca, Tabasco y CDMX.
Pero lo más importante, garantiza que las compras de medicamentos del Gobierno Federal en el extranjero, fluyan sin contratiempos, ni trámites que llegan a durar meses y meses, antes de que el proceso de importación sea aprobado y se tenga la seguridad de eficacia y seguridad en su uso.
