Francisco J. Siller
Datos duros del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública(SESNSP) señalan que el primer año de gestión de Andrés Manuel López Obrador, fue el más violento para las mujeres mexicanas. La incidencia de víctimas femeninas creción un 2.5 por ciento en comparación a 2018.
El martes, el SESSNSP dio a conocer su informe mensual correspondiente a enero de 2020 y registró 247 casos de homicidio doloso y 73 más de feminicidio que destacan entre los 5 mil 355 casos de mujeres que ha sido víctimas de ocho delitos de los que se da un seguimiento puntual.
El delito de lesiones dolosas –en diversos grados– fue el más recurrente contra las mujeres, pues de acuerdo a los registros publicos de esa entidad, se tiene conocimiento de 4 mil 588 casos. Le sigue el homicidio doloso, con 247 casos; la corrupción de menores, con 117 y la extorsión, con 267.
De acuerdo al secretariado del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el feminicidio –con 73 casos registrados– ocupa el cuarto lugar lugar en la incidencia delictiva, por encima del secuestro (37), la trata de personas (25) y el tráfico de menores (1). Datos abiertos que pueden consultarse en la pagina del SESNSP.
Pero esto son sólo datos estadísticos sobre violencia contra las mujeres que muestran la magnitud, tendencia y ubicación geográfica de ddelitos que atentan en contra de este grupo de población obtenidos de las carpetas de investigación y de las llamadas de emergencia al 911 relacionadas con incidentes de violencia contra las féminas.
Y esto solo quiere decir que no hay una respuesta adecuada de las autoridades y de nuestras leyes para proteger a las mujeres, que no podemos esperar a que la moral del mexicano cambie como por arte de magia. Es necesario actuar de forma contundente y con tolerancia cero.
Los peligros contra las mujeres están a la vuelta de la esquina, no importa si es en el lugar de trabajo, de estudio o la calle. No debemos esperar a conocer de estadísticas, hay que actuar para evitar al máximo que continúen siendo objeto de abuso sexual, estupro, la trata, la violación y el homicidio.
Es fácil entender el enojo de los grupos feministas que no ven avances y para los que las acciones del gobierno no responden a la imperiosa necesidad de impedir el crecimiento continuo de este tipo de delitos. El endurecimiento de las penas por feminicidio, abuso y acoso sexual, de nada servirán mientras haya fallas en la procuración de justicia.
Aunque se dan pasos para erradicar este tipo de delitos contra la mujer, uno de los principales impedimentos es la falta de homologación sobre estos en los diferentes códigos penales de los estados de la República, por lo que debe buscarse –y ya esta en proceso– un Código Penal Federal que se aplique en las 32 entidades del país.
Pero esto no será posible sin la participación de los gobernadores de todas las facciones políticas, que son los que deberán buscar los caminos para que sus respectivos congresos estatales, debatan y se pueda llegar a un acuerdo nacional para establecer una configuración universal sobre los delitos contra la mujer.
