Penalizar a la democracia

Federico Berrueto
La democracia impone límites a quienes ejercen el poder. Es un ejercicio regulado de la autoridad; la Constitución y leyes determinan sus atribuciones. Se entiende que los gobiernos, todos, pretendan un margen mayor de actuación y que el cuestionamiento a los límites aumenten cuando el funcionario asume su causa superior y, por lo mismo, que no debiera ser objeto de restricción alguna. La situación puede llegar al extremo, como sucede con el presidente López Obrador, quien considera que la legalidad y el poder que la hace valer son trampa de los enemigos.
Las restricciones de la ley a la autoridad son múltiples; algunas respecto al presupuesto que determina la Cámara de Diputados en el orden federal, otras de carácter jurídico: las autoridades sólo pueden hacer lo que la ley les permite. Un aspecto más es la rendición de cuentas y la transparencia; la primera a través de los órganos internos de control o los institucionales, como la observación al gasto federal por la Auditoría Superior de la Federación, instancia técnica autónoma de la Cámara de Diputados. La sociedad también juega un papel importante en el control de la autoridad, históricamente la libertad de expresión, que se robustece con las garantías o protección de la que es objeto, y la obligación de las autoridades de aportar información y transparentar su actuación y decisiones. En breve, en democracia la autoridad se limita por las instituciones y por el escrutinio social, particularmente lo que hacen los medios de comunicación y las organizaciones de la sociedad civil.
Una fórmula más de control del poder es el nombramiento de funcionarios. Para el caso concreto, dos recientes, la designación por voto calificado del Senado de la vacante del ministro Arturo Zaldívar y la ratificación de la fiscal general de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, también por voto calificado de la Asamblea Legislativa de la entidad.
El voto calificado es una manera de integrar a la pluralidad en las decisiones relevantes. Su razón atiende al proceso de democratización para evitar que una sola fuerza política decida los temas fundamentales del país o de la entidad. Se crearon candados para la integración de los órganos legislativos a fin de que la representación incluyera a la pluralidad. El sistema mixto de mayoría simple y representación proporcional no es perfecto, pero ha sido funcional al propósito de dar espacio a la gobernabilidad y de contención al poder con la integración plural de los órganos legislativos.
El autoritarismo repudia controles y límites, de donde vengan. La mentalidad autoritaria en eso consiste y a tal efecto invoca una causa suprema como la historia, la revolución o al pueblo para rechazar toda forma de contención al poder, lógica que ha dominado a López Obrador; por su parte, el régimen crea sus condiciones de legitimidad no por los resultados, sino por la retórica y el sometimiento de los factores de influencia social -los medios o los grupos organizados a través de la persuasión interesada, la intimidación o de plano con el uso parcial de la ley y de la justicia penal-, no por las decisiones.
El presidente ha penalizado las decisiones democráticas como puede apreciarse en los dos casos aludidos. El Senado no acepta las ternas presentadas para designar a la ministra que sustituya a Arturo Zaldívar; entonces utiliza la rendija que la Constitución le concede y opta por la más radical y menos habilitada para el desempeño, Lenia Batres. Un ministro de la Corte puede sustentar cualquier ideología, pero supone preparación y profesionalismo, además de suscribir la legalidad como valor supremo, atributos irrelevantes para un presidente que designa colaboradores a partir de la lealtad, no de la capacidad.
Situación semejante se presenta en la Ciudad de México. El interino o encargado de despacho, Ulises Lara, que para efectos prácticos es titular, era un sociólogo responsable de Comunicación Social en la fiscalía, quien se desempeñó razonablemente en su encomienda, pero nada qué ver con la tarea a realizar y para la que la ley exige título de licenciado en derecho y experiencia de cinco años. La respuesta, un ostensible desdén a la ley y una ofensa pública, espectáculo inaudito e impensable: dar el título al funcionario a través de una institución educativa superior sin rigor académico y con una expedita entrega de la cédula profesional por la SEP.
Con severidad y sevicia el presidente López Obrador castiga a la democracia.